Diez provincias reclaman a Nación que las obras del Belgrano Cargas hacia Chile y Bolivia sean obligatorias

La licitación para privatizar el Belgrano Cargas abrió un frente de preocupación entre los sectores productivos del norte argentino. Las uniones industriales de diez provincias impulsan un reclamo ante el Gobierno nacional para que las obras de recuperación de los ramales C-14 y C-15 sean una exigencia obligatoria para el futuro concesionario y no queden sujetas a decisiones empresariales.

Eduardo Gómez Naar, presidente de la Unión Industrial de Salta, cuestionó que los pliegos publicados a fines de septiembre contemplen esas inversiones como optativas. Según explicó, la decisión sorprendió al sector, que considera ambas conexiones ferroviarias esenciales para mejorar la competitividad de las economías regionales.

“Estamos tratando de revertir esa propuesta del Gobierno nacional, para que sea una obligación”, sostuvo el dirigente, al describir las gestiones que buscan modificar las condiciones de la licitación.

El reclamo tiene como eje el valor estratégico de los dos corredores. El ramal C-14 conecta con Chile, mientras que el C-15 vincula al norte argentino con Bolivia. Para las entidades productivas, su recuperación permitiría ampliar las alternativas de transporte de mercancías, facilitar el comercio internacional y reducir la dependencia del traslado por carretera.

Gómez Naar advirtió que el crecimiento de la actividad minera en la Puna aumentará la demanda logística y podría traducirse en un mayor movimiento de camiones si no se fortalece la infraestructura ferroviaria. En ese contexto, destacó la conexión con el puerto chileno de Mejillones, ubicado a unos 734 kilómetros por carretera desde Salta, como una alternativa para acercar la producción regional a las terminales del Pacífico y los mercados asiáticos.

“Sería una pena que nos olvidemos de algo muy importante, que es la conexión con dos países donde nosotros podemos exportar muchísimo más”, afirmó.

La iniciativa reúne a representantes industriales de diez provincias y cuenta también con el respaldo de Confederaciones Rurales Argentinas y de la Sociedad Rural Salteña. De acuerdo con Gómez Naar, el gobernador Gustavo Sáenz intervino en las gestiones y mantuvo contactos con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, para plantear la necesidad de revisar los pliegos.

Entre las alternativas analizadas para financiar las obras figura la posibilidad de que empresas mineras realicen pagos anticipados a cuenta del uso futuro del ferrocarril. Sin embargo, el dirigente señaló que el ramal hacia Bolivia presenta mayores dificultades para atraer inversiones privadas, debido a la diversidad de productores que utilizan esa conexión.

Por ese motivo, las entidades reclaman que Nación modifique las condiciones de la licitación o incorpore una adenda que establezca expresamente la obligación de ejecutar ambos proyectos. Hasta el momento, según indicó el titular de la Unión Industrial de Salta, no existe una respuesta concreta que confirme los cambios solicitados, aunque el sector espera novedades en los próximos días.

La discusión excede la privatización del servicio ferroviario: para las provincias involucradas, el resultado definirá si las conexiones con Chile y Bolivia quedan incorporadas a una estrategia de desarrollo logístico o si su recuperación depende de la rentabilidad que encuentren las empresas concesionarias.