La oposición como el propio Gobierno de Javier Milei avanzan en distintos proyectos para impulsar una normalización general de los haberes pero con la idea de mantener un tope.
Los senadores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron dos proyectos la semana pasada para retrotraer el aumento votado a mano alzada y de forma «exprés». Ahora, Unión por la Patria (UxP) pedirá este lunes 22 de abril una sesión especial para tratar la determinación de límites para los haberes en los tres poderes del Estado, mientras que el Ejecutivo analiza un paquete de proyectos en ese sentido.
En el primer caso, se trata de una iniciativa que lleva las firmas de José Mayans, jefe de la banca de UxP en la Cámara Alta, y las senadoras Carolina Moisés y María Teresa González. Esta plantea fijar las remuneraciones mensuales de las autoridades más altas de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, empresas y sociedades del Estado y organismos públicos descentralizados, entre otros.
En el caso del Presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, los legisladores, el procurador General, el defensor General y los consejeros de la Magistratura, por ejemplo, sus haberes por mes «no podrían superar la suma equivalente a los 20 salarios mínimos, vitales y móviles». Teniendo en cuenta que actualmente vale $202.800, desde el mandatario hasta los senadores y diputados no deberían ganar más de $4.056.000.
En el caso de otras jerarquías más bajas se plantean escalas con un ajuste más bajo de los haberes, que incluiría a ministros, secretarios, subsecretarios del Ejecutivo y todas las jurisdicciones, jueces y funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y el de Defensa y autoridades del Banco Central o la AFIP, entre otros. El proyecto señala que en su caso no podrían superar los 15 salarios mínimos, unos $3.042.000 a valores actuales.
