La medida fue dictada por una jueza de Lomas de Zamora, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la nueva normativa que permite aplicar el régimen penal a adolescentes desde los 14 años. El fallo cuestionó la falta de infraestructura y recursos para implementar el sistema en la provincia.
La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó temporalmente suspendida en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por la Justicia bonaerense, que ordenó frenar durante 60 días la implementación de la Ley N° 27.801.
La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de su libertad.
El eje de la decisión
El fallo no cuestionó la constitucionalidad de la nueva ley, sino las condiciones con las que cuenta actualmente la provincia para ponerla en funcionamiento.
La jueza advirtió sobre la falta de infraestructura, recursos materiales y personal especializado para afrontar el eventual incremento de adolescentes que ingresarían al sistema penal a partir de la reducción de la edad de imputabilidad.
La nueva normativa permite que adolescentes desde los 14 años puedan ser sometidos a procesos penales por delitos contemplados en el Código Penal, dentro de un régimen especial.
Según la resolución, la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años podría generar un aumento de la población adolescente bajo medidas de restricción de libertad y plantea interrogantes sobre la capacidad de los centros especializados para recibirlos bajo las condiciones exigidas por las normas de protección de los derechos de niños y adolescentes.
Qué establece el nuevo régimen
La Ley 27.801 reemplazó el régimen anterior y establece un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 17 años.
La reforma no contempla la prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. También incorpora medidas alternativas al encierro, como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y dispositivos de monitoreo electrónico.
El nuevo esquema también contempla la figura de un supervisor especializado, destinado a realizar el seguimiento individual de cada adolescente.
Una suspensión por 60 días
La jueza estableció el plazo de 60 días para que se analicen las condiciones necesarias para la aplicación efectiva del nuevo sistema. Además, fue convocada una audiencia para el 10 de septiembre, en la que se abordará la situación y los recursos disponibles para implementar la normativa.
La resolución generó cuestionamientos desde sectores del Gobierno nacional, que defendieron la nueva legislación y reclamaron su aplicación. Desde la provincia, en tanto, se puso el foco en los recursos necesarios para llevar adelante el nuevo régimen.
De esta manera, la aplicación de la reforma penal juvenil quedó, por ahora, en pausa en territorio bonaerense, mientras continúa el debate sobre cómo implementar un sistema que combina la responsabilidad penal de los adolescentes con medidas específicas de protección, tratamiento y reinserción.
