Después de décadas abandonados, la Justicia salteña compactará autos y motos secuestrados

La Corte ordenó destruir vehículos judicializados que permanecían acumulados desde hace más de 20 años en depósitos oficiales.

La Corte de Justicia de Salta resolvió avanzar con la compactación y destrucción de vehículos y motovehículos secuestrados que permanecían abandonados en depósitos judiciales desde hace entre 23 y 32 años.

La decisión fue oficializada mediante la Acordada 14658, firmada el 11 de mayo por la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero Cornejo, junto a magistrados del máximo tribunal provincial, tras un informe que alertó sobre el grave deterioro de los rodados acumulados bajo custodia judicial.

Según detalló la Dirección de Bienes Secuestrados del Poder Judicial, muchos de los vehículos presentan un estado crítico de conservación y generan problemas vinculados a la ocupación de espacio, contaminación y riesgos sanitarios.

La resolución indica que antes de autorizar la destrucción se agotaron todas las instancias legales para localizar a titulares, propietarios o posibles interesados. Además, se verificó que no existen reclamos pendientes, pedidos judiciales de restitución ni medidas cautelares vigentes sobre los bienes.

En el caso de las motocicletas incluidas en el procedimiento, la Corte confirmó que cuentan con decomiso formal dispuesto por los jueces competentes, condición necesaria para habilitar su eliminación definitiva.

El máximo tribunal provincial fundamentó la medida en razones de salubridad pública, seguridad ambiental y reorganización de los espacios de guarda judicial, en línea con lo establecido por la Ley 7838 y la reglamentación vigente.

El operativo de compactación comenzará el próximo 20 de mayo desde las 9 de la mañana y estará supervisado por la Secretaría de Corte de Actuación, que tendrá a cargo la coordinación administrativa y material del procedimiento.

Con esta medida, el Poder Judicial busca reducir la acumulación histórica de vehículos abandonados en depósitos oficiales, muchos de ellos vinculados a causas penales antiguas que ya no presentan actividad procesal.