Costa Rica estrenó su megacárcel para jefes criminales y confirmó quién entra primero

Costa Rica puso en marcha este miércoles su cárcel de máxima seguridad más grande, pensada para aislar a los jefes de banda que, según el propio Gobierno, seguían manejando sus negocios ilegales desde dentro de las prisiones comunes. El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) quedó inaugurado con capacidad para 5.100 personas privadas de libertad, de acuerdo con lo informado por <a href="https://www.infobae.com/costa-rica/2026/10/14/costa-rica-abre-las-puertas-de-su-megacarcel-lideres-criminales-sicarios-y-extorsionadores-seran-los-primeros-trasladados/">Infobae</a>.

Del acto participaron la presidenta Laura Fernández Delgado, el expresidente Rodrigo Chaves Robles —hoy ministro de Presidencia y Hacienda— y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, junto a otros funcionarios del Estado. Fernández presentó la nueva cárcel como un giro en el trato a los reclusos que mantienen vínculos con el crimen organizado por fuera de los pabellones, aunque remarcó que el país no dejará de lado el respeto a los derechos humanos.

La obra se levantó sobre un terreno de 91.000 metros cuadrados, con 31.000 metros cuadrados edificados, y demandó una inversión de ₡16.774 millones (unos USD 36 millones) pagada con fondos del presupuesto nacional. Según el Gobierno, el edificio tiene cinco módulos con capacidad para 1.020 personas cada uno, cámaras y monitoreo electrónico permanente, además de controles reforzados para evitar el ingreso de objetos prohibidos, patios, consultorios médicos y espacios para visitas familiares y de pareja bajo protocolos especiales.

Los primeros traslados de reclusos se harán recién a fines de octubre, después de que la Policía Penitenciaria —que toma el control del edificio desde este jueves— termine de familiarizarse con las instalaciones y los sistemas tecnológicos. Aguilar precisó que la primera tanda incluye a reos que hoy cumplen regímenes de máxima vigilancia por su cercanía con bandas, tanto a los que ya tienen condena firme como a los que aguardan resolución judicial, aunque ambos grupos ocuparán sectores separados dentro del nuevo penal. También está prevista la mudanza de los llamados "hachudos", el término que usa el sistema penitenciario costarricense para los presos que ejercen liderazgos violentos dentro de los pabellones, cobran por el uso de colchones o manejan la distribución de la comida entre otros internos.

El ministro se comprometió, además, a que el responsable del homicidio del oficial de policía Gerson Rosales sea el primer recluso en ocupar una celda del nuevo complejo, tras un pedido explícito de la mandataria durante la ceremonia. El plan oficial apunta a que los módulos dos y cuatro reciban a los primeros internos y a llegar a unas 2.500 plazas ocupadas para diciembre, con fondos previstos también para el presupuesto de 2027.

La presidenta calculó que el traslado de reclusos al CACCO podría reducir el hacinamiento del sistema carcelario de un 59% a cerca de un 15%, aunque aclaró que la cifra depende de cuánto se termine ocupando la nueva cárcel. Como parte del endurecimiento de las condiciones, los internos usarán uniformes nuevos —sin bolsillos, cintas ni elásticos— confeccionados por mujeres presas del centro Vilma Curling Rivera con apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje.

La ceremonia no estuvo libre de tensión política: ningún representante de peso del Poder Judicial asistió, y tanto Fernández como Chaves cuestionaron esa ausencia. La presidenta sostuvo que las invitaciones se habían enviado por los canales oficiales sin que hubiera confirmación de asistencia, mientras que Chaves defendió la construcción del penal frente a las críticas que el proyecto había recibido desde que se anunció. El episodio deja a la vista el cruce que mantienen el Ejecutivo y la Justicia costarricense por el manejo de la seguridad y las medidas cautelares contra el narcotráfico. La mandataria aprovechó además para pedirle al Congreso avanzar con una docena de proyectos de ley orientados a reforzar la protección de las víctimas, en lo que definió como una nueva etapa para la política penitenciaria del país centroamericano.