La Justicia cerró en forma definitiva la causa contra Macri y Caputo por el préstamo del FMI de 2018

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por unanimidad, archivar de manera definitiva la causa que investigaba el préstamo que el Gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional en 2018. El tribunal avaló el pedido del fiscal general Raúl Omar Pleé, que había decidido retirar la apelación que la Fiscalía sostenía contra el cierre del expediente.

El expediente venía de una decisión previa: en febrero de este año, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ya había determinado que la negociación de la deuda fue una decisión de política económica y no un delito penal. Esa resolución había quedado apelada, y fue justamente lo que ahora terminó de resolver la instancia superior.

La investigación buscaba establecer si funcionarios del macrismo habían incurrido en delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad o malversación de caudales públicos, a raíz de un acuerdo por 57.100 millones de dólares. Además del propio Macri, estaban señalados el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y quienes ocuparon la presidencia del Banco Central en esos años: Luis Caputo, hoy ministro de Economía, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. También figuraban en la causa varios integrantes del Comité de Política Monetaria del BCRA de aquel momento.

El fallo que cerró el caso salió de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que coincidieron en aceptar el retiro de la apelación planteado por la fiscalía. Para fundamentar el archivo definitivo, el tribunal retomó los argumentos del propio dictamen fiscal, que sostuvo que no se pudo fundamentar ninguna hipótesis delictiva concreta y que lo que queda planteado es, en rigor, un desacuerdo con un modelo económico. Los jueces agregaron que las instancias anteriores habían hecho una aplicación adecuada de la doctrina que deja afuera del control judicial a las llamadas cuestiones políticas.

En el mismo pronunciamiento, la Cámara también rechazó un reclamo aparte de Antonio Conrado De Martino, un ciudadano que se había presentado por su cuenta como contribuyente para pedir que la causa siguiera abierta. El tribunal entendió que no podía considerarlo un posible perjudicado directo de los hechos investigados.

La causa había arrancado en 2018 a partir de una denuncia de los dirigentes kirchneristas Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, que cuestionaban que el acuerdo Stand-By con el FMI —inicialmente por 50.000 millones de dólares y luego ampliado a los 57.100 millones— se hubiera definido sin el paso por el Congreso que exige la ley de Administración Financiera. En 2021, ya con Alberto Fernández en la Presidencia, la Oficina Anticorrupción sumó una segunda acusación sobre el mismo hecho, que terminó unificada en el expediente que ahora quedó cerrado en forma definitiva.