Arrancó el juicio por Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner

El Tribunal Oral Federal Nº5 puso en marcha este viernes el juicio que reúne, en un solo trámite, los expedientes Hotesur y Los Sauces. El tribunal ya había resuelto antes unificar ambas causas en un único juicio, y la decisión quedó confirmada con la apertura formal del debate.

En el banquillo están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, además de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Madre e hijo siguieron la audiencia conectados por videollamada, mientras que los abogados defensores debieron presentarse de manera presencial en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, según publicó La Nación en la cobertura del inicio del proceso.

La causa investiga un presunto esquema de lavado de dinero montado a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner. La fiscalía sostiene que parte de los fondos que el Estado giró a contratistas de la obra pública habría terminado, por la vía de alquileres, en el patrimonio de los acusados. El debate avanzará con tres audiencias semanales y se podrá seguir por YouTube.

El expediente tiene un antecedente directo en la causa Vialidad, donde la Justicia ya determinó que hubo un direccionamiento de obra pública a favor de Báez en Santa Cruz y condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. En esta nueva etapa, lo que se discute es si una porción de esos fondos volvió a la familia mediante el alquiler de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, y de otras propiedades.

Según la acusación, entre 2008 y 2013 las empresas de Báez giraron a la familia presidencial más de $40 millones en concepto de alquileres. Por el lado de López y de su socio Fabián de Sousa, dueños del grupo Indalo, el monto habría superado los $19 millones, en su mayoría por departamentos alquilados en Puerto Madero. En ese tramo, la fiscalía vincula el origen del dinero con Oil Combustibles, la petrolera del mismo grupo, a la que le atribuyen haber retenido y no depositado en la AFIP más de $8.000 millones del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Ninguno de los vínculos comerciales entre las partes está en discusión: las defensas los admiten y afirman que todos los pagos estuvieron bancarizados, por lo que no hubo intención de ocultarlos. El eje del juicio, entonces, no es si existieron esos negocios sino si funcionaron como una maniobra para lavar fondos de origen ilícito, tal como sostiene la fiscalía, o si se trató de operaciones comerciales legítimas, como argumentan los acusados.

El tribunal que lleva el proceso está integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. A un ritmo de tres audiencias semanales, deberá resolver si el entramado societario de los Kirchner funcionó como un mecanismo de lavado o si, como sostienen las defensas, se trató de negocios comerciales legítimos entre privados.

La acusación remonta el origen de la maniobra a 2008, cuando Néstor Kirchner pagó cerca de cinco millones de dólares por la totalidad de las acciones de Hotesur, dueña del hotel Alto Calafate. Según la fiscalía, ese dinero y el de compras posteriores provino de tres fuentes: negocios y préstamos con empresas de Báez, la reventa de tierras fiscales de Santa Cruz adquiridas a precios bajos, y créditos del Banco de Santa Cruz, controlado por la familia Eskenazi.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que instruyeron la causa, consideran a Vialidad como el delito que dio origen a los fondos de Báez, y a Oil Combustibles como el que originó los de López y De Sousa. Esa postura será defendida en el debate por el fiscal Diego Velasco. La primera audiencia del juicio estuvo reservada a la lectura resumida de las acusaciones contra cada uno de los imputados.