Un adolescente evitó el juicio penal, pero deberá cumplir medidas educativas, terapéuticas y una reparación económica.
La Justicia Penal Juvenil avanzó con un enfoque restaurativo en un caso de amenazas a instituciones educativas. El juez Hugo Alejandro Fernández Esteban resolvió imponer una serie de medidas a uno de los jóvenes implicados, al conceder la suspensión del juicio a prueba solicitada por la fiscal Carolina Hernández.
La decisión se formalizó durante una audiencia flexible en la que participaron, además, el defensor oficial Adolfo Sánchez Alegre, la asesora de Incapaces María Gabriela Cardón y la madre del adolescente. El esquema acordado evitó la instancia de juicio, pero estableció una serie de condiciones estrictas orientadas a la reparación del daño y la concientización.
Entre las medidas más relevantes, el joven deberá ofrecer disculpas públicas a las autoridades del establecimiento educativo en sus distintos turnos. A su vez, tendrá que compartir con sus compañeros de curso un relato sobre su experiencia, incluyendo el impacto de su detención, en una actividad que será coordinada por la institución como parte de un enfoque pedagógico.
El fallo también incorpora una dimensión económica: la familia del adolescente deberá realizar aportes mensuales a favor del Instituto Especializado de Alojamiento 1, como forma de reparación. En paralelo, el joven deberá someterse a tratamiento psicológico durante un año, período en el que deberá demostrar buena conducta y abstenerse del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Tras la audiencia, el magistrado dispuso la inmediata libertad del adolescente, quien quedó bajo la responsabilidad de su madre, con la obligación de cumplir todas las condiciones impuestas para sostener el beneficio otorgado.
