Desde la Fundación Volviendo a Casa advierten que la provincia enfrenta una crisis silenciosa. Denuncian que el protocolo de búsqueda está desactualizado y falto de perspectiva de género y niñez.
Salta atraviesa una preocupante situación: 51 personas continúan desaparecidas, según datos oficiales de la Policía provincial. Pero para la Fundación Volviendo a Casa, la cifra apenas roza la superficie de un problema más profundo y estructural: la falta de respuestas eficaces por parte del Estado ante estas ausencias que duelen.
“La mayoría de los casos involucran a mujeres, adolescentes y adultos mayores de comunidades originarias. Y muchos ni siquiera tienen una fotografía registrada”, denunció Isabel Soria, referente de la organización que acompaña a familias en la búsqueda de sus seres queridos.
Entre los nombres que simbolizan la falta de acción estatal están los de Gastón Sanz, desaparecido desde 2022; Delicia Sánchez, una joven de 17 años perteneciente a un pueblo originario de Embarcación, cuyo rastro se perdió en 2008; y Carolina Chavarría, víctima de violencia de género, cuyo paradero aún se desconoce. “Nunca más se supo de Delicia. Y nadie respondió por ella”, lamentó Soria.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Fundación es el protocolo de búsqueda actual. “Está desactualizado, es ineficaz y no contempla la especificidad de los casos. No se puede tratar igual la desaparición de un adulto que la de un niño de 10 años”, explicó la dirigente, aludiendo también a los resonantes casos de Loan en Corrientes y Lian en Córdoba.
Soria también cuestionó que la activación del protocolo no siempre ocurre de forma inmediata tras una denuncia al 911. “¿Quién actúa primero? ¿Cómo se organiza el rastreo? Hay policías que se mueven de oficio, pero legalmente necesitan una orden de fiscalía. La coordinación es deficiente y eso cuesta tiempo valioso”, advirtió.
Otra de las críticas centrales es el lugar que ocupa actualmente la Oficina de Búsqueda de Personas, dependiente de la Policía y del Ministerio de Seguridad. Para Soria, esta estructura burocratiza el proceso y resta autonomía. “La búsqueda de personas no puede ser una función secundaria del sistema. Estamos hablando de vidas”, afirmó con contundencia.
Por último, la fundadora de Volviendo a Casa hizo un llamado a la Procuración General y a los fiscales provinciales para que asuman un rol más activo: “La desaparición de personas debe ser prioridad política y judicial. Salta necesita con urgencia un sistema actualizado, humano y eficiente para enfrentar estas tragedias”.