Un abogado pidió la detención de Caputo, Bausili y Curutchet por operaciones con el oro del Banco Central

El abogado Gregorio Dalbón sumó un capítulo a una denuncia penal que ya tenía en marcha contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, a raíz de maniobras financieras hechas en 2025 con el oro de las reservas. Según publicó ámbito.com, el letrado pidió además que se ordene la detención inmediata de los tres, porque entiende que sus puestos de poder podrían entorpecer la causa.

El reclamo apunta a que la Justicia investigue si hubo defraudación contra la Administración Pública y abuso de autoridad, y propone sumar también la figura de asociación ilícita para analizar los hechos.

Dalbón tomó como base un informe sobre los estados contables del Banco Central al cierre de 2025, elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y aprobado a través de la Resolución 205/2026. Allí consta que las operaciones con derivados que usaron el oro como activo subyacente terminaron en números rojos: una pérdida de $1.469.155 millones, cerca de u$s1.023 millones, que implicó una salida real de dólares. Ese monto se desagrega en $1.400.793 millones por el resultado negativo de las opciones y $68.362 millones más en primas pagadas. En paralelo, durante el mismo año, el oro en poder del Banco Central había dejado una ganancia contable de $8.002.500 millones por la suba de su cotización.

Para el denunciante, llama la atención que lo perdido en las opciones multiplique por más de quince el valor de las primas, y por eso pidió reconstruir qué instrumentos financieros se usaron y bajo qué controles de riesgo. Una de las hipótesis del escrito es que se haya aplicado una estrategia de cobertura llamada "collar": combinar la compra de una opción que fija un piso con la venta de otra que fija un techo, de modo que si el oro subía por encima de ese techo, el Banco Central tenía que pagar la diferencia. El propio Dalbón admitió que ese mecanismo no surge de manera explícita del informe de la AGN y que habrá que confirmarlo con los contratos. Según su escrito, el valor del oro había trepado alrededor de un 65% en dólares a lo largo de 2025.

El escrito incluye también declaraciones del ex titular del Banco Central Martín Redrado, para quien "ha habido un error de cálculo", y rescata una frase de Caputo de julio de 2024, cuando el ministro planteó que mantener el oro "encerrado en el Central sin hacer nada para el país es negativo".

Otro de los puntos reclamados es que se aclare dónde están físicamente los lingotes de oro de las reservas, un tema sobre el que, según la denuncia, existe otra auditoría separada de la AGN que el Banco Central todavía debe responder. Puntualmente sobre Bausili, Dalbón señaló que es quien conduce y representa legalmente a la entidad. Sobre Curutchet pidió indagar si tuvo participación en aprobar o controlar las operaciones. Y sobre Caputo, planteó que debe determinarse si estuvo al tanto o dio instrucciones sobre la estrategia, aun cuando la Carta Orgánica del BCRA marca que el organismo no responde a órdenes del Poder Ejecutivo.

El abogado propuso investigar tres delitos: administración fraudulenta (artículos 173 inciso 7° y 174 inciso 5° del Código Penal), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248) y asociación ilícita (artículo 210). Como prueba, reclamó que la AGN aporte el informe íntegro con su documentación de respaldo, que el Banco Central entregue las actas de su directorio y los contratos de las operaciones cuestionadas, y que el Ministerio de Economía detalle las comunicaciones que mantuvo con la entidad entre 2024 y 2026.

El pedido de arresto se sostiene, según el escrito, en que dejar a los tres funcionarios en sus cargos podría poner en riesgo buena parte de la prueba, porque esos documentos están en organismos que ellos mismos manejan. "La prueba esencial de esta causa es documental y está en poder de organismos que los denunciados dirigen o integran", sostuvo Dalbón. Y agregó: "La única forma de neutralizar ese riesgo con eficacia es apartar transitoriamente a los denunciados de esas fuentes de prueba".

Como alternativa, planteó que si el juez descarta la detención, se dicten medidas más leves: que no puedan salir del país, que no accedan a la documentación en cuestión, que no se comuniquen entre ellos ni con testigos, que se presenten periódicamente ante el tribunal y que paguen una caución. Pidió, por último, que una vez reunida la prueba se los cite a declarar en carácter de indagatoria.

La causa quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá resolver si hubo delito y qué responsabilidad individual le cabe a cada uno de los funcionarios denunciados.