Ante el nuevo escenario legal que involucra a adolescentes en el sistema punitivo, la Procuración General provincial fijó directrices estrictas para evitar la criminalización temprana de los menores de 16 años y apuntar con firmeza contra los eslabones adultos que los instrumentalizan.
El Ministerio Público Fiscal de Salta puso en marcha un protocolo de actuación que redefine por completo la intervención estatal frente a delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 18 años, bajo los lineamientos del Régimen Penal Juvenil previsto por la Ley Nacional número 27.801.
La normativa, firmada por el procurador general Pedro García Castiella, establece un enfoque diferencial que prioriza la desjudicialización y las medidas alternativas para la franja de menores de 16 años, consagrando el principio de que la respuesta penal no puede equipararse de manera automática a la de los adultos.
Bajo criterios de intervención segmentados según la gravedad del hecho y la vulnerabilidad del menor, la guía institucional ratifica que la privación de libertad debe ser un recurso estrictamente excepcional, exigiendo a los fiscales agotar instancias alternativas y fundamentar cualquier medida de encierro.
Más allá del tratamiento de los menores, el núcleo más disruptivo del nuevo esquema radica en la instrucción obligatoria de profundizar las investigaciones para desbaratar a las redes delictivas que reclutan adolescentes.
El protocolo exige no detenerse en el ejecutor material del delito, sino rastrear y perseguir judicialmente a los adultos y organizaciones narcocriminales que captan, instigan o se aprovechan de la edad de los jóvenes para blindar sus estructuras ilícitas.
Con este ordenamiento operativo, el organismo judicial busca unificar criterios en toda la provincia, equilibrando la protección de los derechos de la infancia con una persecución penal inteligente que neutralice a los verdaderos motores del delito organizado en el territorio salteño.
