Una profunda preocupación se instaló en el ámbito de la discapacidad a raíz de los polémicos lineamientos incluidos en el proyecto original de Presupuesto 2027.
La directora de Discapacidad de Salta, Isabel Soria, encendió las alarmas al advertir que la iniciativa oficial reinstaura el vetusto criterio de invalidez laboral y elimina la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el trabajo en blanco.
De prosperar el texto tal como fue remitido al Congreso, las 65.000 personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la provincia —un universo que incluye tanto a trabajadores activos del sector privado como a agentes de la administración pública— se enfrentarían a una disyuntiva expulsiva: o pierden su sustento formal o resignan la cobertura del beneficio.
Soria calificó la medida como un «retroceso gravísimo» que despoja al CUD de su rol como vía directa de acceso a la asistencia y condena a la clandestinidad económica a un sector históricamente vulnerado que lucha por ganarse un lugar genuino en el mercado laboral.
