La ministra de Educación de Salta salió al cruce de las acusaciones sobre irregularidades administrativas y defendió la reubicación de puestos escolares, al tiempo que cuestionó duramente a la impulsora de la denuncia.
En medio de la polémica por la supuesta existencia de una institución ficticia con personal activo, la ministra Cristina Fiore rechazó de plano las acusaciones y aseguró que los puestos cuestionados corresponden a personal debidamente asignado.
Según detalló la funcionaria, la operatoria responde a un mecanismo de reutilización de cargos heredados tras el cierre de unos 60 establecimientos educativos desde 2014, una medida que busca optimizar recursos ante la restricción de nuevas designaciones mediante la reasignación de vacantes a escuelas que presentan necesidades reales.
Lejos de bajar el tono, la titular de la cartera educativa cruzó con dureza a la promotora de la acusación pública, revelando que la denunciante fue cesanteada tras acumular más de 150 faltas injustificadas y que enfrenta además una causa penal vinculada a la presunta promoción de apuestas clandestinas entre los alumnos.
Al enmarcar el conflicto en una ofensiva de tinte partidario, Fiore advirtió que la jugada responde a intereses ajenos a la gestión educativa: «Parece que los años políticos se han adelantado» disparó, defendiendo la transparencia de un sistema que, según remarcó, opera bajo estrictos criterios de reorganización administrativa.
