El Gobierno provincial aprobó un convenio con Vialidad Nacional que le permite licitar, ejecutar y financiar los trabajos sobre la ruta que conduce hacia San Antonio de los Cobres. La Provincia no recibirá reintegros por parte del organismo nacional.
El Gobierno de Salta asumirá con fondos propios la ejecución de obras sobre un tramo de la Ruta Nacional 51, en uno de los principales corredores viales hacia la Puna. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 576, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que aprobó el convenio firmado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad.
El acuerdo establece que Salta tendrá bajo su responsabilidad todo el proceso de intervención: deberá licitar los trabajos, ejecutarlos y afrontar su financiamiento. El aspecto más relevante del convenio es que el desembolso provincial no será compensado posteriormente por Vialidad Nacional.
Las obras alcanzarán el tramo comprendido entre Campo Quijano y Los Chorrillos, en dirección a San Antonio de los Cobres. El convenio también contempla intervenciones específicas destinadas a remediar sectores afectados y proteger taludes hasta el kilómetro 60 de la ruta.
La Provincia, además de afrontar el costo de los trabajos, deberá asumir las obligaciones que eventualmente surjan por la liberación de la traza. Esto incluye posibles gastos vinculados con expropiaciones y reasentamientos que resulten necesarios para llevar adelante el proyecto.
Una vez terminada la obra, la empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo del mantenimiento del tramo intervenido durante un período de tres años, según las condiciones establecidas en el convenio.
Pese a que Salta asumirá la ejecución y el financiamiento, la Ruta Nacional 51 continuará bajo jurisdicción del Estado nacional. Las obras que se incorporen al corredor vial pasarán posteriormente a integrar el patrimonio de Vialidad Nacional.
El acuerdo representa así un esquema en el que la Provincia toma a su cargo una obra sobre una ruta de jurisdicción nacional, incluyendo los costos de ejecución y las eventuales obligaciones asociadas a la traza, sin establecer un mecanismo de devolución de los fondos utilizados.
