El Ente Regulador investiga posibles errores en las facturas emitidas en mayo y suspendió los cortes de energía para los usuarios alcanzados por la medida.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) puso bajo la lupa el sistema de facturación de EDESA en General Güemes luego de que numerosos usuarios denunciaran incrementos inusuales en sus boletas de energía eléctrica correspondientes a mayo de 2026.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Nº 953/2026, a partir de indicios que señalan posibles inconsistencias en la registración de consumos. Según las actuaciones preliminares, en algunos suministros no se habrían tomado lecturas en determinados períodos, situación que derivó en la acumulación de consumos en una única factura y, en consecuencia, en montos significativamente más elevados.
El organismo advirtió además que esta modalidad podría haber afectado el acceso de algunos usuarios a subsidios y beneficios tarifarios, ya que el aumento repentino del consumo facturado podría modificar las categorías establecidas para la asistencia estatal.
Frente a este escenario, el ENRESP ordenó una auditoría integral que será desarrollada por la Gerencia Económica del ente y que tendrá un plazo de hasta 60 días hábiles para determinar el alcance de las presuntas irregularidades.
Mientras avance la investigación, el organismo dispuso una medida cautelar que impide a la distribuidora realizar cortes de suministro por falta de pago de las facturas cuestionadas. Asimismo, los usuarios podrán optar por abonar un importe equivalente al promedio de sus consumos habituales o el valor de la última factura emitida antes del período observado.
Como parte de las acciones de control, la Secretaría de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial desplegará un operativo especial en General Güemes para recepcionar reclamos, brindar asesoramiento y verificar cada situación particular.
La resolución también establece que EDESA deberá ofrecer planes de financiación de hasta seis cuotas sin intereses compensatorios ni punitorios para quienes decidan regularizar los montos facturados mientras se desarrolla la revisión.
En paralelo, el ente regulador inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa por posibles incumplimientos relacionados con la calidad del servicio comercial. La distribuidora contará con diez días para presentar la documentación correspondiente y exponer su versión sobre los hechos que motivaron la investigación.
