La empresa estatal sostiene que la interrupción fue una decisión unilateral de las concesionarias y evalúa aplicar multas e incluso rescindir contratos por posibles incumplimientos.
Luego de la restitución de los servicios nocturnos de colectivos en el área metropolitana, el conflicto entre SAETA y las empresas concesionarias continúa abierto. El presidente de la compañía, Claudio Mohr, confirmó que se encuentra en marcha un análisis administrativo para determinar posibles sanciones contra las firmas que suspendieron las frecuencias durante tres jornadas.
La interrupción del servicio afectó a miles de trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del transporte público durante la noche. La situación recién se normalizó tras la intervención del Gobierno provincial y el acuerdo alcanzado para atender los reclamos financieros planteados por las prestatarias.
Mohr aseguró que la suspensión fue adoptada sin el aval de SAETA y remarcó que la empresa estatal nunca compartió la medida.
“No compartíamos lo que estaba pasando. La suspensión no fue una decisión de SAETA”, afirmó.
Según explicó, las empresas reclamaban pagos pendientes correspondientes a la operación de abril y adelantos vinculados a mayo. Sin embargo, sostuvo que la situación formaba parte de la dinámica habitual de financiamiento del sistema y rechazó que existiera una deuda estructural.
“Nosotros no arrastramos deuda. La operación de marzo está cancelada y estábamos terminando de cancelar abril”, señaló.
El titular de SAETA también desmintió algunas cifras que circularon durante los días de conflicto y aseguró que el monto reclamado por las prestatarias rondaba los 5.500 millones de pesos.
Ahora, las áreas técnicas y jurídicas de la empresa analizarán si la suspensión del servicio constituyó un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios.
“Las consecuencias pueden ir desde sanciones monetarias hasta la rescisión de contratos”, advirtió Mohr.
La resolución del expediente dependerá de la evaluación administrativa que se realice sobre el impacto que tuvo la medida y sobre las responsabilidades de cada una de las empresas involucradas en la prestación del servicio de transporte público en el área metropolitana de Salta.
