El presidente del Concejo Deliberante cuestionó que la Convención avance sobre temas que no estaban habilitados y advirtió que se está legislando en función de “promesas de campaña”.
La tensión política alrededor de la reforma parcial de la Carta Orgánica Municipal de Salta sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, acusara a convencionales de La Libertad Avanza de impulsar modificaciones que, según afirmó, exceden los límites establecidos por la ordenanza que habilitó el proceso.
El dirigente sostuvo que la Convención Constituyente debía restringirse únicamente a los temas aprobados previamente por el Concejo y advirtió que varios de los proyectos impulsados por el espacio libertario no forman parte de los puntos autorizados para debate.
“Es una modificación parcial, no total, y sin embargo aparecen proyectos que no están contemplados dentro de esos puntos”, cuestionó.
Madile aseguró además que desde La Libertad Avanza reconocieron en el recinto que algunas de las iniciativas responden directamente a compromisos asumidos durante la campaña electoral.
“Ellos mismos lo dijeron. Es netamente inconstitucional lo que se está haciendo”, lanzó.
El titular del Concejo lamentó que una instancia considerada histórica para la ciudad esté siendo utilizada —según su mirada— para avanzar con agendas políticas coyunturales y no con una planificación institucional de largo plazo.
“No sabemos cuándo vamos a volver a tener la posibilidad de modificar la Carta Municipal y en muchos casos se está actuando por promesas de campaña y no pensando en los salteños”, expresó.
También apuntó contra el funcionamiento interno de la Convención y cuestionó el uso de mayorías automáticas para aprobar dictámenes sin consensos amplios.
Según indicó, La Libertad Avanza cuenta con una cantidad de convencionales suficiente para imponer proyectos que, a su entender, podrían afectar sectores estratégicos de la ciudad, como ocurrió recientemente con las discusiones vinculadas al turismo.
“Critican a la casta y terminan haciendo cosas peores que la casta”, disparó.
Madile consideró además que la revisión final sobre la validez constitucional de las modificaciones recaerá sobre la Legislatura provincial, que deberá analizar si los cambios aprobados respetan los límites fijados originalmente por la ordenanza de convocatoria.
En ese sentido, recordó antecedentes de otras reformas municipales en la provincia donde artículos completos terminaron siendo anulados por exceder los puntos habilitados para modificar.
Por otra parte, el presidente del Concejo Deliberante también se refirió a la suspensión del concejal Maximiliano Casasola tras la denuncia por violencia de género en su contra y calificó el episodio como “lamentable” para la institución.
El dirigente señaló que se trata del segundo caso similar registrado dentro del cuerpo en menos de un año y advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones genera en la credibilidad política.
“Lo único que hacen es fomentar el descreimiento en los representantes del pueblo”, concluyó.
