La medida alcanza solo a funcionarios y busca amortiguar la caída de la coparticipación.
El Gobierno de Salta apuesta a recortar el gasto político para sostener sus cuentas. Según confirmó la vocera Paula Benavides, el congelamiento salarial de funcionarios permitirá un ahorro estimado de $2.000 millones en un contexto de caída de los recursos nacionales.
La medida forma parte del decreto de austeridad impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz y apunta exclusivamente a la planta política. Quedan afuera los empleados de la administración pública, tanto permanentes como transitorios.
El eje del ajuste está en desacoplar los salarios de los funcionarios de las negociaciones paritarias. “El ahorro se da por no atar los sueldos de los funcionarios a las paritarias”, explicó Benavides, y señaló que el impacto podría ampliarse en función de futuros acuerdos salariales.
Desde el Ejecutivo remarcan que la decisión busca preservar el funcionamiento de áreas sensibles. Salud, educación y seguridad concentran cerca del 80% del presupuesto provincial, y son consideradas prioritarias en un escenario económico adverso.
El congelamiento de sueldos se inscribe en una estrategia más amplia de contención del gasto, con la que el Gobierno intenta equilibrar una ecuación cada vez más exigente sin trasladar el ajuste a los sectores más vulnerables.
