En medio de una creciente preocupación por episodios de violencia y extorsión en la vía pública, el Senado provincial debatirá este jueves un proyecto que apunta directamente a endurecer las sanciones contra los llamados “trapitos”, una práctica cada vez más conflictiva en la ciudad.
La iniciativa propone elevar las penas de arresto, que actualmente llegan hasta los 20 días, y duplicarlas hasta un máximo de 40 cuando se presenten circunstancias agravantes. La intención es clara: desalentar conductas intimidatorias que afectan a vecinos, turistas y automovilistas, especialmente en zonas de alta circulación.
El texto del proyecto establece que las sanciones más severas se aplicarán en casos puntuales, como cuando la víctima sea una mujer, cuando el cobro ilegal se realice durante eventos masivos o cuando la actividad se concentre en inmediaciones de parques, paseos y espacios recreativos.
Además, la propuesta incorpora un punto clave: el arresto efectivo para quienes actúen como jefes, coordinadores u organizadores de estas redes informales. De esta manera, se busca avanzar más allá del ejecutor visible y poner el foco en las estructuras que sostienen el cobro ilegal en distintos sectores de la ciudad.
Con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, el proyecto llega al recinto con respaldo político y el objetivo de reforzar la seguridad urbana en un contexto de reiteradas denuncias y hechos de violencia asociados a esta problemática.
