La provincia abandona definitivamente el modelo de actas y avanza hacia un esquema oral, digital y adversarial que empezará a aplicarse en 2026.
El Senado provincial aprobó la reforma que instala un nuevo Código Procesal Penal y sella el fin de un sistema que llevaba décadas basado en actas escritas. Con esta votación, Salta concluye el proceso para consolidar un modelo acusatorio y adversarial, iniciado en 2011 pero nunca implementado de forma plena. El proyecto quedó ahora a la espera de la promulgación del Poder Ejecutivo.
La entrada en vigencia será escalonada: en febrero de 2026 se pondrá en marcha en el Distrito Centro y un año después alcanzará a los distritos del interior. El objetivo es un proceso de transición ordenado que permita adaptar infraestructura, equipos técnicos y capacitación.
Uno de los cambios más profundos es la eliminación de las actas: todas las audiencias deberán registrarse en audio y video. Esto promete mayor transparencia, una revisión más precisa de lo actuado y un control ciudadano más efectivo sobre el desempeño judicial.
El nuevo código también habilita herramientas especiales para investigar causas complejas, como informantes, agentes encubiertos y reveladores, además de acuerdos de colaboración con imputados. A esto se suman reglas específicas para personas jurídicas y plazos estrictos de investigación según la dificultad del caso, un intento de cortar con la demora crónica del sistema.
En materia recursiva, la casación queda atrás y es reemplazada por un esquema de apelación horizontal diseñado para acelerar la resolución de controversias. También se amplían las vías para cerrar procesos de manera anticipada, con acuerdos totales o parciales y juicios abreviados.
La reforma crea además una Oficina Judicial dependiente de la Corte, responsable de la logística diaria del sistema: notificaciones, programación de audiencias, gestión de grabaciones y preparación de salas. La meta es liberar a los jueces de tareas administrativas y mejorar la eficiencia de las audiencias.
Por último, el nuevo marco procesal exige un trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal, la policía y los equipos técnicos, con inversiones orientadas a laboratorios forenses, capacitación y mejoras en el sistema penitenciario. Un rediseño integral que promete acelerar tiempos, transparentar decisiones y modernizar el funcionamiento de la Justicia salteña.
