El Ejecutivo provincial oficializó un decreto que impone exámenes antidroga a funcionarios de los tres poderes y autoridades municipales, como condición para asumir o continuar en el cargo.
El Gobierno de la Provincia de Salta dio un paso de alto impacto político e institucional al oficializar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos sorpresivos para quienes ejerzan o aspiren a ejercer cargos públicos, tanto en el ámbito provincial como municipal.
La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos de control y gobiernos locales. El universo incluye al gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, magistrados, intendentes, concejales y a toda persona que ingrese a la administración pública en los cargos comprendidos por el decreto.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la medida apunta a garantizar la idoneidad, la aptitud física y psíquica y la integridad moral de los funcionarios, como parte de una política orientada a reforzar la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Los test serán sorpresivos, se realizarán en el lugar de trabajo y mediante pruebas rápidas homologadas por la autoridad sanitaria. El decreto establece que todo el procedimiento deberá respetar la confidencialidad de los datos personales, el debido proceso y las garantías constitucionales.
Ante un primer resultado positivo, la norma prevé la realización inmediata de un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, con resguardo estricto de la cadena de custodia. Además, el funcionario podrá solicitar una contraprueba dentro de las 24 horas, bajo control de la autoridad de aplicación y a su propio costo.
Un punto central del decreto es que la negativa injustificada a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo, con idénticas consecuencias administrativas y políticas.
El listado de sustancias a detectar incluye cocaína, marihuana, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras, y podrá ampliarse conforme a criterios científicos actualizados.
En cuanto a las sanciones, el DNU establece que un resultado positivo confirmado activará los mecanismos de remoción previstos por la Constitución provincial o la normativa vigente, según el cargo. Para quienes aún no hayan asumido, el resultado positivo será causal directa de inadmisibilidad.
Tal como lo exige el artículo 145 de la Constitución de Salta, el Poder Ejecutivo deberá remitir el decreto a la Legislatura dentro de los próximos cinco días, donde será analizado por los cuerpos parlamentarios.
La decisión instala un nuevo estándar de control sobre el ejercicio del poder público y abre un debate político que, ahora, también se trasladará al recinto legislativo.
