En una vuelta de tuerca política y económica, el Gobierno ha retirado las enmiendas propuestas a la industria del tabaco en la nueva ley de Bases. Esta decisión se produce tras la influencia ejercida por Pablo Otero, empresario de la Tabacalera Sarandí, y la intervención de varios diputados nacionales, incluido el representante salteño de Ahora Patria, Carloz Zapata.
La controversia surge en medio de acusaciones cruzadas y preocupaciones por el impacto en el sector tabacalero de Salta, una región donde el cultivo y la producción de tabaco constituyen una fuente esencial de empleo. La presión ejercida por la Tabacalera Sarandí ha llevado al Gobierno a reconsiderar los cambios que nivelarían el campo de juego tributario, manteniendo así un status quo que beneficia a ciertas empresas.
Figuras políticas como Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro, Diego Santilli y Carlos Castagneto, exdirector de la AFIP durante la administración de Alberto Fernández, han sido señalados por su participación en las negociaciones que han resultado en la protección de intereses particulares en detrimento del bienestar económico de Salta. Lo peor es que figura, Zapata, mano derecha de Alfredo Olmedo, que no tienen límites en sus objetivos, aunque perjudique los salteños.
Desde 2017, Tabacalera Sarandí, junto con otras compañías emergentes como Bronway, han estado exentas del pago del impuesto interno mínimo, establecido actualmente en $517,5 por atado de cigarrillos. Este impuesto tiene como objetivo no solo aumentar la recaudación, sino también desalentar el consumo mediante el encarecimiento del producto.
