Por unanimidad, la Cámara alta dio media sanción al DNU 32/26 que impone exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres poderes. El debate ahora se traslada a Diputados, con interrogantes sobre su aplicación.
En una sesión extraordinaria sin fisuras partidarias, el Senado de Salta convirtió en media sanción el Decreto de Necesidad y Urgencia 32/26, una iniciativa que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a someterse a exámenes toxicológicos para asumir y permanecer en cargos públicos. La votación fue unánime y marcó un punto de inflexión en la discusión sobre estándares de idoneidad y control en la administración provincial.
El senador por San Martín, Manuel Pailler, defendió la medida en el recinto y subrayó que el objetivo es “reforzar la transparencia” en el ejercicio de responsabilidades institucionales. Según detalló, los análisis estarán orientados a detectar sustancias psicoactivas prohibidas y sus metabolitos —entre ellas opioides, derivados del cannabis y cocaína— siempre que no exista prescripción médica debidamente acreditada. El foco, insistió, está puesto en aquellas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y puedan comprometer la toma de decisiones en la función pública.
El esquema prevé controles sorpresivos mediante pruebas rápidas homologadas, que se realizarán en el lugar de trabajo del funcionario por personal habilitado. Pailler remarcó que el procedimiento deberá ajustarse a principios de confidencialidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos personales, derecho de defensa y debido proceso, en un intento por blindar la constitucionalidad de la norma.
Desde la oposición libertaria, el senador Roque Cornejo Avellaneda acompañó el decreto pero puso el acento en la letra chica aún pendiente. Señaló que el DNU fija lineamientos generales —como la modalidad sorpresiva y la rapidez de los test— sin precisar aspectos técnicos clave. ¿Se utilizarán muestras de sangre, orina o cabello? ¿Qué margen de error tendrán las pruebas? ¿Cómo se evitarán falsos positivos o negativos? Las preguntas, dijo, fueron planteadas por especialistas durante el tratamiento en comisión y siguen abiertas.
En la misma línea, la senadora por Rosario de Lerma, Leonor Minetti, defendió la iniciativa al advertir que el consumo de sustancias puede incidir en decisiones que afectan directamente a la ciudadanía y al patrimonio estatal. A su juicio, la posibilidad de controles inesperados no sólo funciona como mecanismo de detección, sino también como herramienta de prevención y concientización dentro del aparato público.
Con la media sanción asegurada, el expediente pasará ahora a la Cámara de Diputados. Allí se librará la discusión de fondo: cómo reglamentar una medida que, entre la búsqueda de ejemplaridad y las garantías individuales, promete reconfigurar los mecanismos de control sobre la dirigencia política salteña.
