El conductor de la camioneta le provocó al motociclista distintas lesiones. En un primer juicio debía pagar un $7 millones, pero en segunda instancia recibirá $9 millones más.
Este martes se dio a conocer una resolución judicial en relación a una causa que inició por un siniestro vial en el macrocentro salteño. Es que una camioneta salía de un garaje en calle Corrientes y embistió a un motociclista. Uno de los testimonios aportados fue el de otro conductor que dijo ir detrás y vio cuando salió la camioneta blanca “y pum le dio y como que se lo llevó un poco arrastrando”.
En primera instancia el conductor de la camioneta fue condenado a pagar 7 millones de pesos por la incapacidad sobreviniente del motociclista y 3 millones por el daño moral producido. El motociclista y el conductor de la camioneta apelaron lo resuelto en primera instancia por lo que la causa llegó a la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
Para resolver en primera instancia se había aplicado el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del hecho, mientras que los jueces Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque emplearon el valor vigente a la fecha del fallo de Cámara aplicando la denominada fórmula “Vuoto” que utiliza una fórmula matemática para determinar la pérdida de ganancia futura de la víctima.
Aplicando este parámetro actualizado más una suma adicional por la incapacidad vital no laboral es que los jueces elevaron la indemnización de los 7 millones de pesos originalmente previstos a los 16 millones de pesos.
El conductor de la camioneta le atribuía la responsabilidad del hecho al motociclista pero los jueces de Cámara le recordaron que ni ofreció ni produjo prueba específica que pudiera permitir establecer la velocidad de circulación de la moto, la fuerza del impacto, las maniobras de esquive o frenado de cada conductor.
El accidente –dijeron los jueces- se produjo como consecuencia de la maniobra de salida de la camioneta del garaje para incorporarse al tránsito. Y esto debe hacerse “con prudencia, a escasa velocidad” y verificando que se tiene el paso libre para incorporarse al tránsito citando para ello el último párrafo del artículo 39 de la ley 24229.
Respecto del daño moral los jueces confirmaron los 3 millones de pesos fijados en la primera instancia. Para ello tuvieron en cuenta las lesiones sufridas por el motociclista (fractura de tibia y peroné con colocación de material de osteosíntesis, limitación funcional en tobillo y cicatrices) y consideraron que esas circunstancias son por sí mismas indicativas de padecimientos físicos y espirituales, sin necesidad de prueba específica.
