Frente a la retirada total de los recursos nacionales, el Instituto Provincial de la Vivienda rediseñó su estrategia financiera y, apostando a la articulación público-privada y al aprovechamiento de vacíos urbanos, garantiza la continuidad de los frentes de obra en marcha.
A pesar del abrupto corte en el financiamiento federal que dejó en el aire miles de soluciones habitacionales en todo el país, la provincia logró blindar su política de hábitat mediante un esfuerzo fiscal propio que hoy mantiene en marcha más de 1.400 viviendas.
Así lo confirmó la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Laura Caballero, al repasar el complejo escenario que debió afrontar el organismo desde fines de 2024, cuando la administración central abandonó los convenios vigentes y obligó al Tesoro provincial a absorber contratos millonarios para evitar la paralización total de los complejos.
Aunque aquella retirada nacional dejó trunca la ejecución de un millar de unidades que nunca llegaron a iniciarse por exceder las posibilidades presupuestarias locales, el organismo reorganizó sus cuentas apoyándose en los fondos FONAVI y aportes de la cartera económica para sostener las obras que hoy se encaminan a su etapa final.
Con la mira puesta en el horizonte de 2027, la funcionaria adelantó que el IPV ya trabaja en la planificación de nuevas respuestas habitacionales mediante la identificación de terrenos estatales, el desarrollo previo de lotes con servicios y la evaluación de propuestas público-privadas con esquemas alternativos de financiamiento, consolidando un modelo de gestión autónomo que busca seguir combatiendo el déficit de vivienda en la región.
