Diputados provinciales piden al Gobierno nacional medidas concretas para blindar el espacio aéreo en la frontera norte.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó una resolución que insta al Gobierno nacional a reforzar la vigilancia del espacio aéreo y avanzar en la sanción de una ley que regule la defensa ante vuelos ilegales vinculados al narcotráfico.
La iniciativa, presentada por la diputada Socorro Villamayor, propone la incorporación efectiva del Sistema de Defensa Aeroespacial (SISDAN) y la posibilidad de neutralizar aeronaves hostiles que ingresen al territorio argentino desde zonas fronterizas.
Villamayor advirtió que, en la actualidad, el control aéreo se rige únicamente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, lo que —según afirmó— deja un margen de discrecionalidad “incompatible con la magnitud del problema”.
“No alcanza con un decreto que puede modificarse en cualquier momento. Salta tiene más de 750 kilómetros de frontera y el narcotráfico aéreo aprovecha cada vacío del Estado. Necesitamos una ley clara, con procedimientos definidos y responsabilidad institucional”, subrayó la legisladora.
El diputado José Gauffin respaldó la propuesta y criticó la falta de transparencia sobre el funcionamiento de los radares instalados en la provincia. También reclamó que el Congreso avance en un marco legal que proteja a las fuerzas de seguridad que actúan contra aeronaves ilegales.
“Una ley de derribo o de defensa aérea no es un capricho: es una herramienta de soberanía. Queremos evitar que se criminalice a un piloto que cumple su deber frente a un vuelo narco”, señaló.
El pedido aprobado por la Cámara Baja será remitido al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Defensa y al Congreso, con el fin de que se evalúe la creación de una normativa integral que garantice la detección temprana, persecución y neutralización de vuelos irregulares en el norte del país.
Con esta decisión, el cuerpo legislativo busca que el control aéreo vuelva a ocupar un lugar prioritario en la política de seguridad nacional, en una provincia que desde hace años reclama mayor presencia del Estado en su frontera más porosa.
