Dib Ashur advirtió que la Provincia afronta con recursos propios trabajos que corresponden al Gobierno nacional y cuestionó la falta de fondos específicos para infraestructura.
El Gobierno de Salta volvió a poner en discusión el esquema de financiamiento de la obra pública y apuntó contra la Nación por la falta de recursos destinados a infraestructura, particularmente al mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sostuvo que la demora en el envío de fondos obligó a la Provincia a asumir con recursos propios intervenciones que, por tratarse de corredores nacionales, corresponden al Estado federal.
El funcionario planteó que el reclamo no apunta a poner en discusión el equilibrio de las cuentas públicas, sino a exigir que los recursos que tienen un destino específico sean efectivamente utilizados para cumplir con esa finalidad.
En ese sentido, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el impuesto a los combustibles. Según explicó Dib Ashur, parte de esos recursos tiene como destino el financiamiento de infraestructura vial, pero desde Salta consideran que el dinero que llega resulta insuficiente frente a las necesidades de mantenimiento y reparación.
La situación de las rutas nacionales representa una preocupación adicional por su impacto sobre el movimiento de personas y mercaderías. El deterioro de los corredores afecta la conectividad de distintas localidades, encarece la logística y genera consecuencias sobre la actividad productiva y la seguridad vial.
Ante la falta de respuestas, la Provincia decidió avanzar en determinadas obras con fondos propios, una alternativa que, según el ministro, genera una presión adicional sobre las finanzas salteñas.
El reclamo, sin embargo, no se limita a la infraestructura vial. Dib Ashur también señaló una reducción de las transferencias nacionales destinadas a áreas como transporte, educación e incentivo docente, además de otros programas que anteriormente contaban con asistencia federal.
Desde la administración provincial advierten que este escenario modifica la distribución de responsabilidades entre Nación y las provincias. El planteo central es que, mientras disminuye el financiamiento federal, Salta debe destinar una mayor proporción de su presupuesto a sostener servicios y obras que históricamente contaron con aportes nacionales.
Para el Gobierno provincial, el desafío consiste en evitar que el costo de mantener infraestructura de jurisdicción nacional termine trasladándose de manera permanente a las cuentas de Salta.
