La norma incorpora un enfoque intercultural y obliga a informes anuales sobre su implementación.
El Gobierno de Salta promulgó la Ley Nº 8534, a través del Decreto Nº 275, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y abordaje de crímenes de odio vinculados a agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios.
La normativa apunta a la visibilización y sensibilización de esta problemática en todo el territorio provincial, además de establecer lineamientos para el desarrollo de políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento a las víctimas.
Según la ley, la Autoridad de Aplicación —que será definida por el Poder Ejecutivo— deberá realizar el análisis de estadísticas y casos, elaborar informes y recomendaciones, y diseñar protocolos interinstitucionales de actuación. También se prevé la creación de registros y mapas de casos, junto con campañas de difusión y concientización.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implementación de un plan anual de acciones que incluirá campañas educativas en distintos niveles y la producción de materiales adaptados a lenguas de pueblos originarios, además de capacitaciones para agentes estatales en zonas consideradas de mayor riesgo, con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos.
La ley también garantiza la participación de comunidades indígenas, instituciones educativas y organismos del Estado mediante mecanismos de consulta coordinados con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).
Finalmente, se establece la obligación de presentar un informe anual ante los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, con datos estadísticos, acciones realizadas y propuestas de trabajo, el cual deberá ser de acceso público.
