El plan apunta a infraestructura, agua y modernización estatal para impulsar empleo en el interior.
El Gobierno de Salta dio un paso decisivo en la búsqueda de financiamiento internacional al avanzar en la negociación de un programa por 100 millones de dólares con el Banco Mundial, orientado a mejorar infraestructura estratégica y fortalecer la capacidad del Estado en áreas clave para el desarrollo productivo.
La iniciativa, denominada “Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo”, se enfoca especialmente en potenciar la actividad minera y sus cadenas asociadas, al tiempo que busca dotar a la provincia de herramientas para responder con mayor eficacia ante eventuales кризis o emergencias.
Las gestiones fueron encabezadas por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, junto a la secretaria de Financiamiento, Liliana Corona, en una mesa de trabajo que incluyó a equipos técnicos del organismo internacional y del Ministerio de Economía de la Nación. Como resultado, se logró cerrar los documentos necesarios para que el proyecto avance hacia su evaluación final por el Directorio del Banco Mundial.
El programa contempla intervenciones en tres frentes. Por un lado, la infraestructura vial y logística, con eje en la rehabilitación de la Ruta Nacional 51 en el tramo Campo Quijano–Chorrillos, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad con la Puna y facilitar el transporte vinculado a la minería. A esto se suman mejoras en el Nodo Logístico y Parque Industrial de General Güemes y en el Parque Industrial de Olacapato.
Otro componente central apunta al acceso a servicios básicos en zonas de alta vulnerabilidad. En Olacapato se proyecta la construcción de una planta potabilizadora y redes de distribución, mientras que en San Antonio de los Cobres se prevé una planta de tratamiento de efluentes, con impacto directo en las condiciones sanitarias de la población.
El tercer eje está vinculado a la modernización del Estado. El plan incluye la digitalización y sistematización de procesos en organismos vinculados a la minería y la energía, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reforzar los controles y ampliar la transparencia en el acceso a la información pública.
Con este paquete de inversiones, la provincia apuesta a consolidar un modelo de crecimiento apoyado en la infraestructura y la gestión pública, en un contexto donde la expansión minera aparece como uno de los motores centrales de la economía regional.
