El desafío ya no es solo construir bien: también hay que saber cuáles de las estructuras existentes podrían necesitar una intervención.
En una provincia atravesada por el riesgo sísmico, una pregunta empieza a ganar peso: ¿qué tan preparados están los edificios construidos hace décadas para soportar un terremoto importante?
El planteo apunta especialmente a inmuebles antiguos, edificios públicos y construcciones de valor histórico que fueron levantados bajo criterios estructurales diferentes de los que rigen actualmente.
Desde el COPAIPA, su presidente, Felipe Biella, consideró necesario avanzar hacia un relevamiento que permita conocer el estado de esas estructuras y establecer cuáles deberían ser reforzadas antes de que ocurra un evento sísmico de magnitud.
El problema no se limita a los edificios altos. Aunque las construcciones de mayor masa y altura pueden estar sometidas a mayores exigencias durante un terremoto, una estructura baja tampoco garantiza por sí misma un comportamiento seguro. Su resistencia depende, entre otros factores, de cómo fue diseñada y construida.
El casco histórico de la capital expone con claridad ese desafío. En el entorno de la Plaza 9 de Julio predominan edificios relativamente bajos, muchos de ellos antiguos. Esa característica puede reducir determinados efectos frente a construcciones más altas, pero no elimina la necesidad de conocer el estado de sus estructuras.
La propuesta que impulsa el COPAIPA consiste en pasar de una lógica reactiva a una política de prevención: identificar primero los edificios con mayor vulnerabilidad y después definir qué intervención necesita cada uno.
En algunos casos, esas obras pueden ser técnicamente viables sin alterar por completo las construcciones. Existen sistemas y tecnologías capaces de reforzar estructuras ya existentes y mejorar su respuesta frente a movimientos sísmicos.
Salta ya cuenta con algunos antecedentes. Entre los edificios que fueron sometidos a trabajos de este tipo se encuentran la Escuela Urquiza y la Casa de Moldes. Para Biella, esas experiencias muestran que la adaptación de construcciones antiguas es posible y puede realizarse de manera progresiva.
El objetivo sería establecer prioridades, especialmente en inmuebles públicos donde una eventual falla estructural podría poner en riesgo a una gran cantidad de personas.
Pero el riesgo no termina en las paredes. Un terremoto también pone a prueba la capacidad de reacción de la población y de los organismos de emergencia. Por eso, desde el sector profesional remarcan la importancia de que la ciudadanía conozca cómo actuar antes, durante y después de un movimiento sísmico.
En esa línea, Salta cuenta con un plan de gestión del riesgo sísmico financiado por el BID, que actualmente se encuentra en proceso de actualización.
La discusión plantea así una tarea pendiente que va más allá de las nuevas obras: revisar el patrimonio edilicio que la ciudad ya tiene, conocer sus vulnerabilidades y decidir con anticipación dónde hace falta intervenir. Porque frente a un terremoto, la diferencia entre una estructura preparada y otra vulnerable puede definirse mucho antes de que llegue el primer movimiento.
