La Provincia de Salta presentó una Acción de Amparo ante la Corte Suprema para exigir el restablecimiento y pago retroactivo de pensiones por invalidez, suspendidas por la ANDIS con graves irregularidades.
La Provincia de Salta llevó su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez y el pago retroactivo de los haberes suspendidos. La demanda fue impulsada por la Fiscalía de Estado, encabezada por Juan Agustín Pérez Alsina, a instancias del gobernador Gustavo Sáenz, y apunta contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La acción judicial tiene como base la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025, un procedimiento que la Provincia califica como «arbitrario, carente de transparencia y con graves irregularidades». Según el escrito, esta medida dejó a cientos de personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad, al no haber sido notificadas previamente y tras la aplicación de criterios médicos inconsistentes.
El reclamo también incluye la solicitud de una Medida Cautelar y una audiencia pública para garantizar un procedimiento de auditoría transparente y accesible. La Fiscalía de Estado cuestiona, además, la actuación de la ANDIS, acusando a la entidad de realizar auditorías sin personal capacitado, además de un «destrato institucional» hacia los organismos locales y los beneficiarios, quienes tuvieron que realizar largos viajes sin éxito en su intento de resolver sus trámites.
“Se trata de una decisión fiscalista que atropella los derechos de los ciudadanos más vulnerables, afectando su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana», sostiene la Provincia, que reclama que el Estado cumpla con su obligación de proteger a los grupos más necesitados.
Con este paso, Salta busca que se reconozcan y restituyan los derechos de miles de personas con discapacidad que dependen de estas pensiones para su sustento y bienestar.
