Una iniciativa propone exigir un Certificado de Aptitud Psicológica a funcionarios de los tres poderes del Estado antes de asumir sus funciones.
La idoneidad para ocupar un cargo público podría dejar de medirse únicamente por los antecedentes académicos y profesionales en Salta. Un proyecto que será tratado en la Cámara de Diputados plantea incorporar una evaluación psicológica como requisito previo para quienes desempeñen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La propuesta, impulsada por la diputada Mónica Juárez, figura en el Acta de Labor Parlamentaria de la Cámara Baja y establece la realización obligatoria de los estudios necesarios para obtener un Certificado de Aptitud Psicológica.
El proyecto sostiene que la formación y la experiencia profesional, aunque relevantes, no alcanzarían por sí solas para determinar si una persona está en condiciones de asumir determinadas responsabilidades dentro del Estado. En ese sentido, busca incorporar una evaluación sobre aspectos vinculados con el desempeño y las exigencias propias de la función pública.
Uno de los principales fundamentos apunta a quienes deben conducir equipos de trabajo y tomar decisiones en contextos de presión. La iniciativa considera necesario evaluar la capacidad para afrontar situaciones conflictivas y escenarios de creciente complejidad, además de las condiciones emocionales requeridas para ejercer un cargo con responsabilidad.
La propuesta salteña no es la primera que intenta avanzar en esta dirección. Según sus fundamentos, existen antecedentes de iniciativas similares en Misiones, Chaco y Entre Ríos, además de proyectos presentados en el Congreso de la Nación. Sin embargo, esas experiencias tuvieron diferentes alcances y resultados.
Ahora, el debate llegará a la Legislatura salteña, donde los diputados deberán analizar si la evaluación psicológica puede convertirse en un nuevo criterio para determinar la aptitud de quienes estén llamados a ejercer funciones dentro de los tres poderes del Estado.
