La comisión encargada de reglamentar la Ley 8533 inició formalmente su trabajo con la participación de especialistas designados por el Ejecutivo y el Poder Legislativo. La normativa establece exámenes toxicológicos obligatorios para el ingreso y permanencia en la función pública provincial.
La comisión responsable de elaborar la reglamentación de la Ley Provincial 8533 comenzó oficialmente sus actividades tras mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.
La norma, que tuvo su origen en el DNU 32/26 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz a comienzos de este año, establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos para quienes ingresen o permanezcan en cargos de la administración pública provincial. La implementación deberá respetar estrictos protocolos técnicos, legales y de confidencialidad.
El equipo de trabajo está integrado por profesionales designados por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, contará con el acompañamiento de especialistas externos que actuarán como consultores durante el proceso de elaboración de la reglamentación. También se prevé extender una invitación al Poder Judicial para que participe de la iniciativa.
Durante el encuentro, Camacho destacó la importancia que el gobernador Sáenz le asigna a la medida y sostuvo que existe una demanda social vinculada a la transparencia y la idoneidad de quienes ejercen funciones públicas.
“Para el Gobernador este es un tema trascendental porque entiende que la sociedad lo demanda. El trabajo que aceptaron realizar es de vital importancia”, expresó el funcionario al presentar formalmente a la comisión.
Por su parte, Mangione señaló que Salta es una de las pocas provincias que avanzó con una normativa de estas características y remarcó la necesidad de establecer criterios claros para su aplicación. En la reunión se abordaron los lineamientos generales que deberán contemplarse en la reglamentación, especialmente en materia de procedimientos, controles y resguardo de derechos.
Las autoridades indicaron que el proceso demandará el tiempo necesario para alcanzar una reglamentación sólida y técnicamente sustentable. El cronograma de trabajo será definido por los propios integrantes de la comisión en las próximas reuniones.
Con este paso, el Gobierno provincial comenzó formalmente la etapa de implementación de una ley que busca establecer controles sobre la aptitud física y psíquica de quienes desempeñan funciones dentro del Estado.
