Tras meses de deuda, el Gobierno nacional se comprometió a regularizar pagos a centros que asisten a niños en Salta.
Después de semanas de incertidumbre financiera y reclamos silenciosos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, logró encaminar una solución para uno de los sectores más sensibles: las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Este jueves confirmó que la Nación se comprometió a saldar la deuda acumulada desde octubre, un alivio esperado por centros que sostienen la atención diaria de cientos de niños.
El acuerdo llegó tras gestiones directas ante autoridades nacionales y en articulación con el diputado Bernardo Biella. Entre las entidades alcanzadas figuran Hirpace, Anidar y Divino Niño, espacios que funcionan con equipos interdisciplinarios y que habían quedado al límite por la falta de financiamiento.
Sáenz fue enfático al defender el rol de estas organizaciones, a las que calificó como “modelos” en su tarea. Señaló que la continuidad de sus servicios resulta indispensable y advirtió que la interrupción de la atención impacta de manera directa en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
El mandatario también recordó que la provincia había dado un paso previo al presentar una medida cautelar para restituir pensiones y prestaciones que habían sido suspendidas. Sin embargo, reconoció que los recortes posteriores en los envíos nacionales volvieron a poner en jaque al sistema.
En ese contexto, insistió en que la asistencia no puede quedar atrapada en disputas políticas. Reivindicó un enfoque federal y subrayó que la prioridad debe estar en garantizar derechos básicos. “Antes que cualquier diferencia partidaria, está la obligación de sostener a quienes más lo necesitan”, planteó.
Con el compromiso de pago sobre la mesa, las instituciones esperan ahora que los fondos se efectivicen sin nuevas demoras y permitan estabilizar un sistema que, durante meses, funcionó al borde del colapso.
