El gobernador de Salta afirmó que la conducción nacional del peronismo amenaza con intervenir partidos provinciales para disciplinar votos en el Senado.
A menos de 48 horas del debate de la reforma laboral en el Senado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó una denuncia que expuso con crudeza la interna del peronismo: aseguró que legisladores y gobernadores reciben presiones y amenazas desde la conducción nacional del Partido Justicialista para impedir que el proyecto avance.
Según Sáenz, el mecanismo de disciplinamiento incluye la intervención de los PJ provinciales como castigo político para quienes no se alineen con la postura de rechazo que impulsa el kirchnerismo. “Hay gobernadores y diputados a los que les advirtieron que, si acompañan la reforma, les van a intervenir el partido”, afirmó en declaraciones televisivas.
La denuncia se produce en el momento más delicado de la negociación parlamentaria, con un Senado fragmentado y sin mayorías claras. En ese escenario, el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores vinculados a gobernadores del interior, quedó en el centro de la escena. Su eventual acompañamiento al oficialismo podría inclinar la balanza en una votación ajustada.
Sáenz no habló en abstracto. Recordó antecedentes recientes en Salta, Misiones y Jujuy, donde el PJ nacional avanzó con intervenciones partidarias tras votaciones que se apartaron de la línea dura. “No son hipótesis, ya pasó”, remarcó, y advirtió que el mismo esquema podría repetirse en otros distritos.
El trasfondo del conflicto es más profundo que una ley. Para muchos gobernadores del interior, la reforma laboral no se reduce a una discusión ideológica, sino que está ligada a la necesidad de atraer inversiones, sostener el empleo y aliviar economías regionales golpeadas por la recesión. Ese enfoque pragmático choca de frente con la estrategia del kirchnerismo, que busca convertir la votación en un límite político para el gobierno de Javier Milei.
“El problema es que no se discuten ideas, se imponen órdenes”, deslizó el gobernador salteño, marcando distancia tanto del alineamiento automático con la Casa Rosada como del rechazo cerrado que promueve el sector más duro del peronismo. “Tenemos voluntad de acompañar y de ayudar, pero también queremos que nos escuchen”, sostuvo.
En este esquema, el control del sello partidario aparece como la principal herramienta de poder. En muchas provincias, perder el PJ implica quedar sin estructura territorial, financiamiento y capacidad electoral. “Es la única herramienta que tienen muchos gobernadores”, explicó Sáenz, al describir por qué las amenazas resultan efectivas.
Mientras el peronismo intenta contener su fractura interna, el Gobierno nacional aceleró las gestiones con mandatarios provinciales. En la Casa Rosada admiten que sin respaldo de las provincias la reforma queda en riesgo, y multiplicaron reuniones con gobernadores para asegurar apoyos legislativos.
La presión no llega solo desde la política. La CGT convocó a una movilización para el día de la sesión y los gremios anticiparon un clima de alta tensión en el Congreso y en las provincias. Para muchos legisladores, el voto quedó atrapado entre tres fuerzas: el partido, los sindicatos y el Ejecutivo nacional.
La reforma laboral será debatida este miércoles desde las 11. Más allá del resultado, la discusión ya dejó al descubierto una pelea mayor: quién conduce hoy al peronismo, cómo se ejerce el poder interno y hasta dónde está dispuesto a llegar para disciplinar disidencias.
“Así es muy difícil trabajar”, resumió Sáenz. No habló solo de esta ley, sino de un sistema político donde disentir tiene costo y debatir puede implicar perderlo todo.
