El gobernador de Salta retiró el proyecto de ley que modificaba el IPS tras el rechazo social. Admitió errores y prometió un nuevo texto consensuado con gremios y legisladores.
En un gesto poco habitual en la política argentina, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la retirada del proyecto de ley que buscaba modificar el funcionamiento del Instituto Provincial de Salud (IPS). El mandatario reconoció públicamente que “se cometió un error” y aseguró que no avalará ninguna medida que perjudique a los jubilados.
“Me hago cargo. No voy a echar culpas ni esconder la mano”, declaró Sáenz a través de un video difundido en sus redes sociales, donde confirmó el archivo de la iniciativa que generó fuerte preocupación entre afiliados y sectores gremiales.
El gobernador explicó que la intención original era ordenar y modernizar el sistema normativo del IPS, pero admitió que el texto enviado a la Legislatura no representaba su verdadero propósito. “Lo más lamentable fue que, a pesar de haber aclarado que no se tocarían derechos adquiridos, algunos aprovecharon la confusión para sembrar miedo”, expresó.
Sáenz detalló que ya mantuvo reuniones con sindicatos del sector y que instruyó al interventor del IPS, junto a legisladores de las comisiones de Salud y el Ministerio del área, a trabajar en un nuevo proyecto más transparente y participativo.
En su mensaje, también denunció prácticas que debilitan financieramente al sistema, como sobrefacturación de clínicas y la disparidad entre los aportes actuales y los costos reales de cobertura. “Una obra social no puede sostenerse cuando muchos aportan 20 o 30 mil pesos y una prepaga privada cuesta hasta 900 mil por grupo familiar. No se enojen si auditamos: estamos defendiendo a los afiliados”, afirmó.
El cierre del mensaje fue un llamado a la autocrítica dentro de la política. “No corto el hilo por lo más delgado ni le echo la culpa a mis asesores. Ojalá más dirigentes hicieran lo mismo. A nuestros jubilados les digo: aquí tienen un amigo que no va a firmar nada que los perjudique”.
La marcha atrás del Gobierno abre ahora un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del IPS, esta vez con diálogo sobre la mesa.
