Diputados y representantes sindicales dieron el primer paso para replantear el Estatuto Docente, en una reunión que buscó descomprimir la tensión generada la semana pasada, cuando la advertencia de medidas de fuerza frenó el tratamiento del proyecto en el recinto.
El encuentro dejó una coincidencia clave: la reforma no avanzará sin participación del sector. Legisladores y sindicalistas acordaron trabajar artículo por artículo, con una nueva mesa prevista para el 15 de diciembre.
Fernando Mazzone, titular de ADP, calificó la reunión como “fructífera” y destacó que el objetivo es impulsar una reforma educativa profunda. Entre los temas planteados se discutieron licencias, situaciones vinculadas a trata de personas y criterios de traslado, uno de los puntos más sensibles para los docentes.
La polémica por la prohibición de solicitar traslado a menos de seis años de la jubilación también se abordó. Los gremios sostienen que la medida recorta derechos, mientras que sus impulsores alegan que evita que quienes están por retirarse ocupen cargos en zonas desfavorables desplazando a docentes locales. “Treinta años después, hay docentes formados en esas zonas y hay que priorizarlos”, señaló Mazzone.
Desde ATE, su secretaria general Mabel Álvarez advirtió que la propuesta tal como está implica una “regresión de derechos” y reclamó una consulta amplia a las bases. También pidió incorporar problemáticas actuales, como distintos tipos de violencia laboral y enfermedades oncológicas que hoy no figuran en el régimen de licencias, además de crear un área específica que atienda estas situaciones dentro del Ministerio de Educación.
Con diferencias pero con diálogo abierto, la discusión recién empieza y promete una revisión de fondo sobre las condiciones de trabajo docente.
