La investigación federal reveló una red que reclutaba adolescentes —incluso de 12 años— en instituciones educativas de la capital salteña. La Justicia confirmó la prisión preventiva para siete imputados por trata de personas, abuso sexual y asociación ilícita.
La causa por una red de trata de menores en la ciudad de Salta suma cada día más gravedad. Según fuentes judiciales, ya son 33 las niñas y adolescentes identificadas como víctimas de una organización que operaba en entornos escolares y redes sociales, con la complicidad de adultos que las captaban y explotaban sexualmente.
El caso es investigado por el fiscal federal general Eduardo Villalba, bajo la figura de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso de menores y asociación ilícita. Hasta el momento, ocho personas están imputadas, y la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la prisión preventiva de siete de ellas, cinco de los cuales integrarían el núcleo más activo de la organización.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una madre que descubrió mensajes sospechosos en el celular de su hija. Esa alerta inicial derivó en una pesquisa que, tras un año en la justicia provincial, pasó al fuero federal, donde se amplió la red de responsabilidades y se verificó la existencia de múltiples víctimas.
Los investigadores detectaron que uno de los imputados, un remisero, contactaba a las chicas con la promesa de obtener dinero. Luego de los primeros encuentros, las amenazaba con revelar lo sucedido a sus familias para mantenerlas bajo control. En algunos casos, se constató que otras adolescentes eran inducidas a reclutar nuevas víctimas, replicando el mismo esquema.
En la resolución que confirmó las prisiones preventivas, la jueza federal Mariana Catalano, integrante de la Sala II, comparó el caso con el de Jeffrey Epstein, al señalar la existencia de un mecanismo de captación entre pares. No obstante, aclaró que esa dinámica no atenúa la responsabilidad penal de los adultos implicados.
Las pericias continúan y se prevé que las víctimas —de entre 12 y 18 años— sean entrevistadas en Cámara Gesell. Mientras tanto, las defensas intentan alegar desconocimiento sobre la edad de las menores, argumento que fue desestimado por los investigadores: “No hay posibilidad de confusión. Muchas de las chicas tienen rasgos que evidencian su corta edad”, precisaron las fuentes.
Entre las pruebas más perturbadoras, la fiscalía detectó que la organización mantenía una especie de “tarifa” según la edad y condición de las víctimas, con precios más altos para quienes eran vírgenes.
La magnitud del caso y el grado de planificación exhiben, según fuentes judiciales, una red con niveles de coordinación inusuales en la provincia. La Justicia Federal avanza en nuevas medidas para determinar si existieron cómplices dentro de los establecimientos educativos o funcionarios que facilitaron la actividad delictiva.
