Concluyó la etapa de exposición pública de los postulantes Martín Diez Villa y Martín Plaza. El Ejecutivo podrá enviar los pliegos al Senado, que deberá definir los acuerdos en sesión especial.
El proceso para cubrir vacantes en la Corte de Justicia de Salta ingresó en su tramo decisivo. Este miércoles finalizó el período de exposición pública de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, Martín Diez Villa y Martín Plaza, una instancia prevista para garantizar transparencia y participación ciudadana antes del tratamiento legislativo.
Durante esta etapa, la Secretaría de Justicia recepcionó adhesiones y observaciones de ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Si bien estas manifestaciones no tienen carácter vinculante, forman parte del esquema institucional destinado a fortalecer la legitimidad del procedimiento.
En el caso de Martín Diez Villa, el acompañamiento fue particularmente significativo. Según datos oficiales, reunió más de 5.400 adhesiones, una cifra inédita en este tipo de procesos. Entre los respaldos se destacaron presentaciones de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes y de representantes de más de 30 fortines gauchos del interior provincial, lo que evidenció un apoyo territorial amplio.
Concluida la instancia participativa, el Ejecutivo quedará en condiciones de remitir los pliegos al Senado. De acuerdo con la Constitución provincial, durante el período ordinario de sesiones —que comienza en marzo— la Cámara Alta deberá convocar a una sesión pública especial para otorgar o rechazar el acuerdo correspondiente. En caso de aprobación, la designación se formalizará por decreto.
Ambos postulantes cuentan con trayectoria en el ámbito jurídico provincial. Diez Villa se desempeñó como Defensor General de la Provincia y es reconocido por impulsar la modernización del Ministerio Público de la Defensa y ampliar su presencia en el interior. Plaza, por su parte, posee experiencia en la función judicial, ejercicio profesional y participación académica, con un perfil técnico orientado al fortalecimiento institucional.
La definición ahora queda en manos del Senado, que tendrá la responsabilidad de completar el procedimiento previsto para la integración del máximo tribunal provincial.
