En solo seis meses ingresaron 100 pedidos de “propia quiebra”. La Justicia detecta fuerte presencia de empleados públicos, con especial peso del personal policial.
El tablero judicial encendió todas las alarmas: entre el 1 de febrero y “hace unos días” entraron 100 pedidos de quiebra personal en Salta, un registro inédito para tan poco tiempo. La jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, lo resumió sin rodeos: “Nunca pasó que en seis meses hayan ingresado 100 pedidos”.
El fenómeno no es nuevo —comenzó en 2017—, pero la curva no dejó de subir y, según la magistrada, se acentuó desde 2018. Detrás de los expedientes, se repite un patrón: empleados públicos atrapados por créditos y préstamos personales, mayormente bancarios. Dentro de ese universo, el personal policial concentra una porción significativa de los casos que llegan al juzgado.
La quiebra personal funciona como un mecanismo de última instancia: cuando la deuda supera la capacidad real de pago, la persona puede solicitar su propia quiebra para ordenar, saldar y reiniciar su situación financiera. Pero el dato de volumen —100 presentaciones en medio año— describe algo más que trámites: un deterioro del ingreso formal incapaz de sostener cuotas que se multiplican por inflación e intereses.
“Es un panorama crudo”, admitió Ambrosini, porque el golpe no recae en economías informales sino en salarios con recibo, donde el descuento automático de créditos deja al deudor sin margen de subsistencia. La radiografía judicial, así, no solo registra expedientes: expone una fragilidad estructural que desborda lo individual y derrama sobre el mapa social salteño.
