La Municipalidad de Cafayate está en el ojo de la tormenta por su flagrante incumplimiento de las obligaciones legales. No ha respondido al requerimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo que deja en evidencia no solo una falta de responsabilidad ante las autoridades provinciales, sino un preocupante patrón de desidia de la intendenta Rita Guevara, frente a los controles financieros que dicta la ley.
La reciente Cuenta General del Ejercicio 2023, presentada por la Auditoría General de la Provincia de Salta bajo la dirección de Gustavo Ferraris, revela que 13 municipios, incluido Cafayate, no cumplieron con la entrega de sus informes financieros, a pesar de haber sido beneficiados con una prórroga. Este incumplimiento de Cafayate no es un mero descuido, sino una muestra clara de la falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, algo inadmisible en cualquier administración que se precie de ser seria y responsable. Lo que agrava aún más la situación es que Cafayate no solo falló en rendir cuentas ante el Concejo Deliberante local, sino también ante la provincia, lo que evidencia un doble incumplimiento y arroja serias sombras sobre la gestión de los recursos públicos.
Mientras otros municipios, como Salta Capital y Rosario de la Frontera, han cumplido en tiempo y forma, Cafayate persiste en su opacidad, dejando a los ciudadanos a merced de la incertidumbre sobre el destino de los fondos públicos. La pregunta es inevitable: ¿qué se está ocultando? Y, más importante aún, ¿cuánto más tardarán en rendir cuentas?
