Salta sigue siendo una de las provincias más afectadas por la violencia de género en Argentina. A pesar del aumento de denuncias, los expertos advierten sobre la falta de un abordaje integral y la disminución de recursos para enfrentar el problema.
Salta continúa destacándose por su alarmante tasa de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, posicionándose entre las provincias con mayores índices en el país. La Lic. Ana Pérez Declercq, miembro del Directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, compartió su preocupación por los recientes números y la falta de políticas públicas eficaces para abordar esta problemática.
Durante 2024, la provincia registró 8 homicidios y 24 muertes violentas o dudosas vinculadas a la violencia de género. En lo que va de 2025, ya se contabilizan 2 femicidios y 4 muertes con heridas fatales que aún están bajo investigación. «Los números, incluso al comenzar el año, son alarmantes», destacó Declercq, subrayando la gravedad de la situación.
Las denuncias por violencia de género han experimentado un aumento año tras año, con picos notables entre los meses de noviembre y enero. Según datos del Observatorio, las llamadas al 911 se concentran especialmente los fines de semana por la noche, lo que resalta la urgencia de implementar políticas públicas preventivas durante esos momentos críticos.
Sin embargo, la especialista advirtió que el desafío no radica únicamente en el acceso a la denuncia, sino en el abordaje integral de la violencia. «Muchas mujeres tardan hasta siete años en denunciar, debido al miedo, y cuando lo hacen, ya han sufrido años de violencia psicológica y control antes de llegar a la violencia física», explicó. Según Declercq, si bien la justicia puede ordenar medidas como la expulsión del agresor del hogar, estas no solucionan el problema estructural que alimenta la violencia de género.
«Es esencial trabajar con equipos multidisciplinarios, que incluyan profesionales de la salud, la educación y la asistencia psicológica, para acompañar a las víctimas y prevenir la escalada de la violencia», añadió la especialista. Además, enfatizó que los recortes de fondos y la reducción del personal especializado afectan gravemente la capacidad de atención a las víctimas. «Hoy, lo más fácil es decir ‘andá y denunciá’, pero no existe un seguimiento adecuado ni personalizado para ayudar a las mujeres a salir del ciclo de violencia», alertó.
Ante este panorama, la Lic. Pérez Declercq instó a fortalecer programas de acompañamiento, como el plan «Acompañar», que anteriormente brindaba la Nación, antes de los recortes. Además, subrayó la necesidad urgente de desarrollar políticas provinciales que ofrezcan un abordaje integral y efectivo para combatir la violencia de género. «Para resolver este flagelo, no basta con judicializarlo, hay que atender sus causas y trabajar tanto con las víctimas como con los agresores», concluyó.
