Mientras Catamarca y Formosa lograron fallos favorables en la Justicia Federal, la provincia recurrió al máximo tribunal en defensa de los beneficiarios afectados.
El fiscal de Estado de Salta, Agustín Pérez Alsina, confirmó que la provincia presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se restituyan las pensiones por invalidez suspendidas por el gobierno nacional.
“Pedimos que las pensiones se mantengan mientras se hacen las auditorías y no al revés, porque mucha gente que realmente las necesita quedó sin cobertura”, explicó el funcionario.
A diferencia de Catamarca y Formosa —donde asociaciones civiles impulsaron demandas en la Justicia Federal—, Salta debió acudir directamente a la Corte en competencia originaria al litigar contra el Estado nacional.
La presentación, realizada hace una semana, incluye además un pedido de medida cautelar para que los pagos se restablezcan hasta que el tribunal resuelva el fondo de la cuestión.
Pérez Alsina precisó que la provincia reclamó por todos los beneficiarios, aunque el número exacto aún no está claro: “En los informes preliminares se hablaba de unos 140 casos, pero no tenemos un relevamiento detallado”.
El fiscal cuestionó la modalidad de notificación utilizada por Nación: “Mandaron cerca de un millón de cartas documento en todo el país y menos del 50% llegó a destino. No se puede suspender una pensión solo con una carta enviada a un domicilio que muchas veces ni siquiera está actualizado”.
Finalmente, remarcó la urgencia de una definición judicial: “Estamos ante un tema muy delicado y sensible. Lo ideal sería que la Corte dicte una cautelar rápida y luego resuelva el fondo del asunto”.
