La política debería ser un servicio público orientado al bienestar común, pero lo ocurrido con la diputada Emilia Orozco desafía esa noción. Participó en una cena para “celebrar” el veto del presidente Javier Milei, que impidió una suba en los haberes jubilatorios. Mientras los jubilados luchan por sobrevivir con pensiones insuficientes, Orozco prefirió destacar que «pagó por el asado», como si ese acto justificara su presencia en un evento que insulta a quienes más necesitan.
La desconexión entre la clase política y el pueblo quedó en evidencia con esta inmoral celebración. Los funcionarios, en lugar de buscar soluciones para quienes dedicaron su vida al trabajo, se permiten festejar decisiones que perpetúan la precariedad de los sectores más vulnerables. La imagen de Orozco y otros diputados disfrutando en un entorno lujoso contrasta dolorosamente con la realidad de quienes apenas llegan a fin de mes.
La ciudadanía, con justa razón, está indignada. Espera empatía y sentido de justicia de sus representantes, no frivolidad ni falta de sensibilidad. Orozco, que hasta ahora ha demostrado más interés en eventos sociales que en trabajar por su provincia, se enfrenta a la pregunta dl millón: ¿cómo mirará a la cara a un jubilado cuando le pida su voto?
