Salta y el Gobierno nacional acordaron compensar las obligaciones financieras que mantenían entre sí. El resultado del cruce dejó un saldo de $265.914 millones a favor de Nación, que la Provincia deberá cancelar bajo un esquema de cuotas e intereses.
El entendimiento quedó formalizado mediante el Decreto Provincial 493, que aprobó el Convenio de Extinción de Obligaciones Recíprocas. El mecanismo permitió descontar los montos que cada jurisdicción debía a la otra y establecer el saldo definitivo.
En el acuerdo, Nación reconoció una deuda de $1.868 millones con Salta, vinculada a compromisos de obras públicas de vivienda. Ese monto fue computado a favor de la Provincia y redujo parcialmente la deuda salteña.
Sin embargo, el monto que Salta reconoció como deuda con Nación fue considerablemente mayor: $267.782 millones. La mayor parte corresponde a un anticipo financiero de $259.000 millones, al que se agregan intereses por casi $8.000 millones y otros $796 millones relacionados con fondos del Fondo Federal Solidario que no fueron rendidos.
Una vez realizada la compensación, la diferencia quedó establecida en favor del Estado nacional por casi $266 mil millones.
El convenio establece distintos mecanismos para cancelar la deuda. Una primera parte, de $77.700 millones, deberá pagarse en cuatro cuotas mensuales consecutivas, con el primer vencimiento previsto para fines de agosto. A esto se sumarán otros $7.986 millones que deberán abonarse en diciembre.
El capital restante tendrá un esquema de pago específico y estará sujeto a una tasa nominal anual del 15%, por lo que el costo final para la Provincia será superior al monto actualmente reconocido.
El acuerdo también establece una garantía que puede tener impacto directo sobre las finanzas provinciales: Nación podrá efectuar retenciones sobre los fondos de coparticipación que corresponden a Salta para cobrar capital e intereses.
De esta manera, el entendimiento no se limita a cerrar las cuentas pendientes entre ambas administraciones. También compromete recursos futuros de la Provincia como garantía de pago.
Además del aspecto financiero, el convenio contempla compromisos de carácter judicial, entre ellos el desistimiento de determinadas demandas iniciadas por Salta contra el Estado nacional.
