El Gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2026 la suspensión del mecanismo que actualiza de forma mensual la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares. Especialistas advierten que se trata de un fuerte retroceso en derechos sociales, mientras organizaciones reclaman la intervención del Congreso.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una decisión que golpea directamente a millones de familias: eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. La medida, que responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya fue oficializada en el proyecto de Presupuesto 2026 enviado al Congreso.
Hasta ahora, ambos beneficios sociales se actualizaban de manera automática según la fórmula de movilidad jubilatoria, atada a la inflación medida por el INDEC. De aprobarse la nueva normativa, esos montos quedarán a discreción del Ministerio de Capital Humano, lo que implica que ya no seguirán el ritmo del aumento del costo de vida, y podrían quedar congelados por decisión política.
El recorte forma parte del paquete de compromisos que el Ministerio de Economía asumió con el FMI para destrabar la primera revisión del acuerdo financiero. Según advierten organizaciones sociales y especialistas, la eliminación de este mecanismo de actualización representa un grave retroceso en materia de derechos sociales, especialmente para la niñez y los trabajadores formales de menores ingresos.
“La AUH forma parte del sistema de seguridad social. Si se desengancha de la inflación, pasará a convertirse con el tiempo en un bono discrecional, muy inferior a lo que es hoy”, explicó el diputado y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “Esto implica ajuste, recorte y pérdida de poder adquisitivo para millones de chicos”, advirtió.
Desde 2015, por la Ley 27.160, la AUH y las asignaciones familiares se ajustan con la misma fórmula que las jubilaciones, lo que les permite sostener parcialmente su valor frente a la inflación. El proyecto de Milei pone fin a esa garantía.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó sobre este cambio en un informe que analiza el Presupuesto 2026. Aunque los montos destinados a la AUH y a la Tarjeta Alimentar no disminuyen en términos nominales, la falta de actualización automática abre la puerta a una licuación real del beneficio, como ya ocurrió con otros programas sociales.
El antecedente: Potenciar Trabajo
El Gobierno ya había ensayado esta misma lógica a fines de 2023, al eliminar la vinculación entre el plan Potenciar Trabajo y el salario mínimo. A partir de ese momento, el programa fue congelado y su valor se depreció de forma drástica: hoy representa apenas 78 mil pesos. Organizaciones sociales advierten que esa misma receta se busca aplicar ahora con la AUH.
“Esto no es nuevo: ya lo hicieron con Potenciar Trabajo. Lo que viene ahora es más grave, porque afecta directamente a los niños y niñas de los barrios populares”, dijo Norma Morales, referente del movimiento Barrios de Pie. “Nuestras niñeces están dejando de acceder a alimentos básicos. Ya no tienen garantizado el desayuno ni la cena”, denunció.
Según Morales, la AUH no es una dádiva, sino “un derecho conquistado que desde 2009 vino a reparar desigualdades históricas”. Por eso, desde su espacio pedirán al Congreso que garantice por ley la actualización automática como política de Estado. También analizan recurrir a la Justicia para frenar la medida.
La AUH como sostén en tiempos de crisis
Paradójicamente, la AUH fue una de las pocas políticas sociales que el Gobierno de Javier Milei no desmanteló durante su primer año de gestión. Por el contrario, duplicó su valor respecto a la gestión de Alberto Fernández y amplió el alcance de la Tarjeta Alimentar.
En octubre de 2024, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que, sin la AUH y la Tarjeta Alimentar, la indigencia habría superado el 25%. La propia gestión libertaria sostuvo ambas transferencias como principal herramienta de contención social en medio del brutal ajuste.
Sin embargo, el nuevo paso atrás en la actualización automática pone en duda incluso ese mínimo piso de protección, en momentos en que la inflación sigue deteriorando los ingresos de los sectores más vulnerables.
Mientras Milei avanza en su plan de ajuste a medida del FMI, desde las organizaciones sociales y sectores de la oposición crecen las presiones para que el Congreso frene esta embestida y preserve derechos conquistados. El escenario anticipa una nueva disputa en el Parlamento, con la infancia otra vez en el centro del debate político.
