El presidente del Ente Regulador advirtió que la reducción de beneficios aplicada por Nación impactará directamente en los usuarios de gas natural.
Las recientes modificaciones en la política de subsidios energéticos impulsadas por el Gobierno nacional comenzarán a sentirse en los hogares salteños. Así lo advirtió el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, quien confirmó que la reducción de beneficios sobre el gas natural provocará un incremento de entre el 9% y el 10% en las facturas de los usuarios.
Según explicó, el ajuste se concentra en el denominado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes que integran el costo final del servicio. La medida forma parte del proceso de reducción de subsidios que viene aplicando Nación sobre las tarifas energéticas.
Saravia remarcó que el impacto será aún más complejo para los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen de garrafas. En ese sentido, señaló que muchas familias pagan actualmente hasta $36.000 por una garrafa que debería comercializarse a valores cercanos a los $18.000.
Respecto del servicio eléctrico, sostuvo que los principales aumentos registrados en los últimos meses responden a decisiones nacionales vinculadas al precio mayorista de la energía. Indicó que recientemente se produjo una suba cercana al 30% para determinados segmentos de usuarios, especialmente comercios, hoteles, establecimientos gastronómicos y grandes consumidores.
En contraste, destacó que el componente tarifario provincial regulado por el Ente tuvo una actualización de apenas 0,88%.
El titular del organismo también expresó preocupación por el deterioro de la capacidad de pago de los usuarios y el crecimiento de las conexiones clandestinas. Según detalló, existen localidades donde los índices de morosidad alcanzan niveles muy elevados.
Como ejemplo, afirmó que en Aguas Blancas cerca del 60% de los usuarios no abona el servicio eléctrico, mientras que en Salvador Mazza la cifra supera el 40%.
Además, advirtió sobre la expansión de las conexiones ilegales de energía. De acuerdo con estimaciones preliminares, la diferencia entre las viviendas relevadas por el INDEC y los suministros formalmente registrados podría alcanzar unas 55.000 conexiones en toda la provincia.
Saravia señaló que el fenómeno combina dificultades económicas con riesgos para la seguridad de las familias, ya que muchas instalaciones clandestinas carecen de condiciones técnicas adecuadas y aumentan las posibilidades de accidentes eléctricos.
Frente a este escenario, el organismo continuará realizando controles y relevamientos para dimensionar el problema y evaluar posibles soluciones que permitan garantizar el acceso a los servicios sin comprometer la seguridad de los usuarios.
