Crece el escándalo en la causa en la que se investiga a funcionarios de la cárcel de Villa Las Rosas por cobrar por dejar ingresar drogas, dinero y celulares para el consumo y uso de los presos. Se conocieron datos más graves, como amenazas de muerte a otros funcionarios del Servicio Penitenciario.
Por eso, la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC) y Gustavo Torres Rubelt (Ufinar) solicitó al Juez de Garantías N° 3, que se revoque el arresto domiciliario y se ordene la detención de los siete funcionarios del Servicio Penitenciario imputados. En la presentación se destaca que el Juez de Garantías 4, Diego Nicolás Rodríguez Pipino, impuso a los imputados el arresto domiciliario, acompañado de diversas medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, una mujer compareció allí y manifestó su temor el día 27 de diciembre, tanto por ella como por su hijo y otro interno de la Unidad Carcelaria Nº 1 del Servicio Penitenciario. A dicha persona, le hicieron saber de que los oficiales penitenciarios detenidos planifican investigar y descubrir a quienes revelaron información sobre actividades ilícitas relacionadas con drogas y beneficios a reclusos.
