La Cámara Federal de Salta ratificó una cautelar que obliga al organismo nacional a intervenir de forma urgente uno de los corredores más peligrosos de la provincia.
La Ruta Nacional 34, eje vital del norte de Salta y escenario recurrente de siniestros viales, quedó nuevamente bajo la lupa judicial. La Cámara Federal de Salta rechazó la apelación presentada por Vialidad Nacional y dejó firme la medida cautelar que la obliga a ejecutar obras de reparación en el tramo comprendido entre Urundel y Salvador Mazza.
El fallo representa un revés para el organismo nacional y valida la acción de amparo impulsada por el exsenador Sergio Leavy, quien había denunciado el avanzado deterioro de la traza y el riesgo permanente para quienes la transitan a diario. La resolución judicial ordena tareas de mantenimiento, bacheo y reparación, además de la presentación de informes periódicos sobre el avance de los trabajos ante el Juzgado Federal de Tartagal.
Facundo Marciel, abogado del Partido de la Victoria y uno de los impulsores de la demanda, explicó que la ruta cumple un rol estratégico para la región. Por allí circulan ambulancias, transporte de alimentos, camiones vinculados al comercio internacional y miles de vecinos. “No se trata solo de infraestructura: está en juego el derecho a circular y, sobre todo, el derecho a la vida”, sostuvo.
Si bien las obras comenzaron tras la cautelar dictada en noviembre pasado, desde el espacio denuncian que los trabajos se ejecutan de manera fragmentada y sin un abordaje integral del corredor. La Cámara fue clara al señalar que la apelación no suspendía la obligación de Vialidad, que debía cumplir la orden desde el primer momento.
El deterioro de la Ruta 34 acumula antecedentes graves. Según recordó Marciel, se registraron accidentes de extrema gravedad, incluido un caso fatal reciente vinculado al intento de esquivar un pozo. Incluso, Leavy había advertido oportunamente a autoridades nacionales sobre una eventual responsabilidad penal ante la inacción estatal.
Actualmente, las tareas se concentran en sectores urbanos de Tartagal, especialmente en zonas de alto tránsito como el área semaforizada entre el acceso al Poder Judicial y el barrio Malvinas Argentinas. No obstante, los denunciantes anticiparon que mantendrán un control estricto del cumplimiento de la orden judicial.
“El inicio de las obras es una señal positiva, pero no es un favor: es una obligación del Estado nacional”, subrayó Marciel. Y concluyó: “El mantenimiento de la Ruta 34 no puede delegarse en los municipios. Es una urgencia estructural para toda la región”.
