El máximo tribunal provincial activó un plan de austeridad alineado con el Ejecutivo ante la caída de recursos.
La Corte de Justicia de Salta decidió sumarse al esquema de ajuste que atraviesa el Estado provincial y dispuso el congelamiento de los salarios de sus jueces por un período de seis meses. La medida fue formalizada a través de la Acordada 14627 y se inscribe en un plan más amplio de contención del gasto.
El tribunal argumentó que la decisión responde al deterioro de los ingresos públicos en un contexto económico adverso, y se alinea con el decreto de austeridad impulsado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, los magistrados plantearon la necesidad de adecuar el funcionamiento del Poder Judicial a los recursos disponibles, sin comprometer la prestación del servicio de justicia.
Según un informe técnico interno, el congelamiento salarial y el resto de las medidas permitirán generar un ahorro significativo dentro del presupuesto vigente. Pero el recorte no se limita a los ingresos de los jueces: también alcanza al funcionamiento cotidiano de todo el sistema judicial.
La acordada establece un uso restringido de insumos y bienes, limitándolos a lo estrictamente indispensable. A la vez, se suspenden pasajes y viáticos, salvo en situaciones urgentes debidamente justificadas, y se ordena reforzar el control sobre los gastos operativos, incluyendo el uso de la flota oficial.
El plan también apunta a reducir costos estructurales. Se fijaron límites para la actualización de contratos de alquiler y servicios, y se ajustaron los cupos de horas extras, que quedarán reservados para situaciones críticas.
Además, se promueve un uso más eficiente de los servicios básicos, como energía, gas y telefonía, en un intento por recortar erogaciones sin afectar la actividad judicial.
Desde la Corte subrayaron que estas medidas profundizan una política de austeridad que, aseguran, el Poder Judicial viene sosteniendo desde hace años. Sin embargo, reconocen que el actual escenario económico obliga a reforzar esos criterios.
La resolución ya está en vigencia y marca un nuevo capítulo en la estrategia de ajuste que atraviesa a los distintos poderes del Estado salteño, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal en medio de la caída de ingresos.
